El 17 de diciembre se publicó en un periódico digital1 una noticia que seguro a muchas personas en las zonas rurales de este país sorprendió enormemente. El titular decía lo siguiente: “Fiscalía pide cárcel para un alcalde por empadronar a familiares y amigos para que le votaran”. Y en la noticia se contaba que en Manchones (Zaragoza) el alcalde empadronó a trece personas que en realidad no vivían allí, lo cual modificó el censo en un 10 %. La fiscalía le imputa un delito electoral por alteración del censo por el que pide 18 meses de prisión y 4860 euros. La acusación particular le imputa, además del anterior, otro delito de prevaricación por el que solicita 15 años de inhabilitación y la elevación de la pena de cárcel a 24 meses. Según fiscalía y acusación particular el objetivo de este digno prócer era manipular el resultado de las elecciones municipales a través del falseamiento del padrón. Es decir, en cristiano llano, un pucherazo electoral en toda regla del que muchos se escandalizan, ignorantes de que en media España asistimos atónitos a ese lamentable espectáculo como hecho cotidiano.
Al susodicho regidor parece que descaro no le faltaba, y que carecía sin embargo de las más nimias cantidades de decencia. Todos los empadronados eran familiares, amigos o empleados, censados todos de golpe, poco antes de las últimas elecciones, domiciliados en su propia casa o en otras deshabitadas... El caso fue demasiado evidente y un grupo de vecinos denunció. Pues bien, casos bastante similares han ocurrido en estas tierras que pisamos, con la diferencia de que aquí todavía no se ha reunido el valor o las ganas de cambiar esta situación, tan anquilosada que ya parece parte de la propia geografía. Y con otra diferencia importante que es el objeto de este artículo: en estos lares el fraude de ley masivo que se produce por el falseamiento del padrón no obedece fundamentalmente a una cacicada puntual, como en Manchones, sino que se ha convertido en la configuración cotidiana de la realidad electoral hace ya muchos años.
Pero primero pongámonos puntillosos y, a riesgo de ser un poco pelmazo, veamos qué es exactamente el padrón municipal. Según el Instituto Nacional de Estadística, que es el responsable administrativo del mismo, “el padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio”. Como una buena ecuación, simple y con profundas consecuencias. Porque son los “vecinos del municipio” los que tienen derecho a voto en las elecciones municipales. Ahora bien, en la ley está meridianamente claro que vecino es habitante. Leamos un par de artículos interesantes de la ley de empadronamiento (Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las bases del régimen local, con última modificación el 15 de julio de 2016):
Artículo 15.
Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente.
Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.
El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio.
Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio.
La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.
Artículo 16.
El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos.
Hemos puesto las negritas por si alguien no lo veía claro... En fin, que la ley recoge, a su manera, ese viejo refrán del nacer y del pacer, explicitado en los derechos políticos: una los tiene, en cuanto a la municipalidad se refiere, allí donde habita. Y es de agradecer este derroche de sentido común en unas leyes que en general están bastante faltas del mismo...
En cualquier caso ni el sentido común ni la lógica parecen ser elementos suficientes para alcaldes que saben perfectamente que el censo de los pueblos que gobiernan es un puro fraude, pues la mayoría de los vecinos allí registrados no son en realidad habitantes del pueblo. Y hablo, literalmente, de la mayoría del censo, no de ese exiguo 10 % por el que se ha levantado tanta polvareda. Ese porcentaje de fraude es ridículo frente a los que se dan en realidad en muchos pueblos de la sierra. Tampoco los secretarios parecen alarmarse ante una situación que deben forzosamente conocer, pues visitan los pueblos durante todo el año y saben que del dicho (en el papel) al hecho (en el terreno) hay un buen buen trecho. Deben tener una magnífica lupa en un ojo, para escrutar concienzudamente los contratos de propiedad y buscar, incansables, las más ligeras desviaciones de la austeridad municipal; y un parche en el otro, para no ver hacia ciertas direcciones y solidarizarse, es lo mínimo, con la piratería electoral. Entrambos peroran sobre el escrupuloso cumplimiento de las leyes, en cuanto a Cataluña se refiere, pero miran para otro lado frente a un fraude que desvirtúa y falsifica las elecciones municipales en sus propios pueblos, mostrando sin complejos la estima que profesan a esa democracia con la que se llenan sus bocas y (algunos) sus bolsillos.
Y el problema no son ellos en su “ser en sí”, que diría Sartre, sino la situación que ha generado su comportamiento a lo largo de los años. Ha generado pueblos en los que la administración municipal responde de manera natural a los intereses de personas para las que el pueblo es, ante todo, una residencia vacacional, ocupada ciertos fines de semana al año y un mes o dos, como mucho, en el verano. Y los intereses de esas personas, sus prioridades a la hora de valorar qué se debe hacer en el pueblo, no son las mismas, ni pueden serlo, que las de los escasos habitantes permanentes. Muchos pueblos de esta zona mantienen infraestructuras de abastecimiento de agua para 200 personas, con 6 o 7 habitantes permanentes, para satisfacer las necesidades en agosto, un mes al año. Y se hacen las correspondientes inversiones. Y en algunos de esos pueblos no hay reguera para que esos 6 o 7 rieguen sus huertos. Se construyen frontones, se arreglan lavaderos, se restringen animales en los núcleos urbanos y se discute si construir una piscina a cargo del ayuntamiento en municipios de 20 habitantes, eso sí, con 34 en el padrón (un fraude de más del 40%). Todas esas cosas han ocurrido en los pueblos que te rodean y como puede ver cualquiera esos intereses no corresponden con los de los habitantes, más interesadas en extravagancias como no quedarse sin luz en invierno, adaptar el pueblo a sus necesidades básicas, dotarlo de infraestructuras de encuentro y participación, asegurar los servicios municipales básicos etc etc. Un fraude de ley que compromete seriamente el futuro de los pueblos como algo más que centros turísticos y retiros para desintoxicarse del medio urbano.
La noticia del alcalde tiene segunda parte. El 8 de enero el mismo medio digital2 titulaba: ”Un alcalde confiesa que empadronó a parientes y amigos para seguir en el cargo”. Por lo visto la amenaza de cárcel atemperó sobremanera el descaro del preboste. Cantó lo que todos ya sabían, que empadronó a la gente por la cara “con el fin de que constasen como electores, a sabiendas de que no residían allí”. La confesión la ha valido rebajar la pena de cárcel a 6 meses y apoquinar sólo 540 euros. Lo más interesante es que el juez ha decidido mandar la sentencia a los juzgados de lo Contencioso por si fuese menester repetir las elecciones. Quizás se abra un camino, quizás esta sentencia siente jurisprudencia, quizás se animen personas a denunciar esta vergonzosa situación... y cuántos tendrían entonces que poner sus barbas a remojar.
Isato de Ujados
Críticas, comentarios y debates en
2.http://www.publico.es/politica/corrupcion-local-alcalde-confiesa-empadrono-parientes-amigos-seguir-cargo.html
