Noticias

Ecologistas en Acción C-LM denuncia que estas modificaciones buscan satisfacer las demandas del lobby gasista y de la industria cárnica y provocarán un efecto llamada de macrogranjas.

En julio de 2020, el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios. Dicha ley establecía un marco de tramitación preferente ya que suponía una gran agilización administrativa para algunos proyectos empresariales y les abría la puerta a subvenciones y a fondos europeos.

Según Ecologistas en Acción de Castilla la Mancha, en la práctica esta ley “es una vía rápida para algunos proyectos de fuerte impacto en el medio natural ya que les supone un importante espaldarazo de cara a superar los trámites de impacto ambiental”.

Nuevos criterios para declarar un proyecto como prioritario

El Acuerdo de 01/09/2020 del Consejo de Gobierno de C-LM determinó los criterios para calificar un proyecto como prioritario. Dicho acuerdo es modificado ahora por el nuevo Acuerdo de 03/09/2024, para regular los criterios de las plantas de biometano y, según los ambientalistas, “se produce ante el hecho de la fuerte y mantenida contestación social que están dando al traste con multitud de proyectos”.

Para Ecologistas en Acción de Castilla la Mancha el punto más relevante de esta modificación de criterios es el segundo: “Que al menos el 50% de los residuos a tratar en la planta de biometano sean purines, vinazas y/o alperujos.”. Los movimientos ecologistas llevan años denunciando el desmesurado crecimiento de la ganadería industrial y sus fuertes impactos ambientales, como la contaminación del agua por nitratos. Recientemente, España recibía una sentencia condenatoria por parte del tribunal de la Unión Europea al respecto.

Por tanto, los nuevos criterios vienen a suponer, según ellos, un espaldarazo a una de las industrias más contaminantes de nuestro país y suponen de hecho abrirles la puerta a que su crecimiento continúe como hasta ahora, de manera incontrolada, que sigan vaciando de habitantes la España rural y creando problemas de insoportables olores en las zonas con alta concentración de macrogranjas.

Pero también estos nuevos criterios , al permitir cuando un proyecto se declara prioritario la exención de las normas urbanísticas, pueden dar al traste con el esfuerzo de multitud de ayuntamientos de blindarse ante instalaciones que los vecinos no desean en sus términos, así podría suceder en localidades como Brihuega, Quintanar de la Orden, Caudete y un largo etcétera.

Según esta confederación ecologista, las plantas de biometano no van a solucionar el tremendo impacto en términos de gases de efecto invernadero que produce la ganadería industrial, ya que los estudios hablan de que al intervenir solo en el tratamiento de los residuos, no llegan a reducir estas emisiones ni en un trece por ciento, cifra totalmente insuficiente teniendo en cuenta de una actividad que genera al año más de 7,1 gigatoneladas de gases de efecto invernadero.

Zonas vulnerables a nitratos

El criterio de implantación en zonas vulnerables supone de facto situarlas en zonas de alta concentración ganadera. Zonas en las que unos ciudadanos ya muy castigados por las molestias e impactos de las instalaciones de ganadería industrial van a ver incrementadas estas por los olores, peligros sanitarios y ambientales de las plantas de biometano.

También denuncian que no se haga mención a ningún porcentaje de reducción del nitrógeno en la fracción líquida, dejándolo en un escueto “ésta se someta a un tratamiento de reducción de nitrógeno”.

Según Ecologistas en Acción de Castilla la Mancha se van a producir dos perniciosos efectos llamada, por una parte, el efecto llamada a más ganadería industrial donde se instalen plantas, y por otro el efecto llamada a más plantas de biogás en las zonas con ya demasiada ganadería industrial.

Afirman: “Está muy claro el objetivo con el que nace el nuevo acuerdo; satisfacer las demandas del lobby gasista y de la industria cárnica, la más mimada por los mandatarios castellano-manchegos. Pero también está claro que serán los ciudadanos de nuestra región los que sufrirán las consecuencias y pagarán este despropósito con sus impuestos”.