Llevo colaborando con la Fundación Siglo Futuro desde febrero del año 2003, cuando todavía se llamaba este foro cultural y de debate “Club Siglo Futuro”.
También soy patrono de la Fundación Siglo Futuro, desde que se constituyera como tal unos años después y guardo con especial cariño el premio que me concedieron en el año 2002 – una escultura de El Doncel – por “colaborar en la promoción de Guadalajara”.
La primera mesa redonda en la que intervine la titulamos “El periodismo en tiempos de guerra”, con la participación del entonces director de “Informe Semanal”, Baltasar Magro, y del periodista Fermín Bocos, que en aquel tiempo era colaborador de Onda Cero y de CNN+. Se llenó el salón de actos del Casino Principal y hubo un acalorado debate.
En el coloquio posterior intervino el padre del actual portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, defendiendo con vehemencia la política intervencionista de Estados Unidos (de tal palo…). Estaba todavía reciente la invasión de Afganistán y se preparaban ya los primeros bombardeos contra Irak. Juan Garrido, fundador y alma de la Fundación Siglo Futuro, me demostró a partir de ese momento que todas las opiniones son respetables y que sin esa libertad de expresión difícilmente podríamos estar celebrando ahora los 25 años de esta ejemplar institución cultural.
Sirva este preámbulo de reflexión a la mesa redonda que tuvo lugar el 27 de octubre pasado – esta vez en la Sala Tragaluz del Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo – sobre una cuestión de actualidad, que preocupa a los ciudadanos españoles, pero no tanto a nuestros políticos: “¿Son necesarios el Senado, las Comunidades Autónomas y las Diputaciones?”. El debate en esta ocasión lo moderaba el director de la UNED de Guadalajara, Jesús de Andrés, y en la mesa estábamos sentados Carmelo Encinas – colaborador en distintas tertulias de radio y televisión–, Raúl Conde, paisano y periodista de “El Mundo”, y quien suscribe.
No era fácil dar una respuesta a cuestión tan compleja y delicada, ni tampoco proponer alternativas, que en muchos casos tendrían que venir precedidas de una reforma constitucional. Sin embargo, los distintos puntos de vista terminaron encontrándose en la siguiente coincidencia: Diputaciones, Senado y Comunidades Autónomas pueden ser prescindibles. Y sólo se justifican mejorando su funcionalidad, prestando los servicios que demanda el ciudadano. Su existencia sólo se justifica, en mi opinión, cuando realmente cumplen una tarea necesaria y positiva para la comunidad.
Entre las críticas que cada uno de nosotros fue apuntando en las dos horas que duró el debate, la peor parte, sin lugar a dudas, se la llevó el Senado. La Cámara Alta, si no se transforma y asume competencias en el ámbito territorial, es un sinsentido. Su inoperancia es de tal magnitud que, casi cuarenta años después de su creación, la mayoría de los españoles no sabe todavía para qué sirve. En el Senado se debaten los presupuestos, se hacen enmiendas a los proyectos de ley, pero finalmente es el Congreso el que se pasa por el arco del triunfo lo que le remite la Cámara Alta.
Podría transformarse en Cámara Territorial, pero no se ponen de acuerdo. Y, mientras tanto, en ella se sientan ahora 266 senadores – 208 elegidos por circunscripciones y 58 por los distintos parlamentos autonómicos –, entre los que figuran viejas glorias de la política autonómica, que han encontrado allí el mejor retiro que podían imaginar. Como dijo Carmelo Encinas, el senado “está obsoleto; o le buscamos al Senado una función o lo cerramos”.
La necesidad de las Diputaciones también fue cuestionada en el debate, pero ninguno nos pronunciamos por la supresión definitiva de las mismas. En cuanto a sus deficiencias, enumeraré las que se pusieron encima de la mesa: el 37% del gasto de las Diputaciones se lo lleva el apartado de personal y gastos generales; sólo se gasta un 16,2% en obras de infraestructuras; en 2015 todas juntas sumaron un presupuesto de 8.000 millones de euros; muchas de ellas han ejercido el papel de agencia de colocación para familiares y amigos, o han albergado auténticos “nidos de corrupción” (Orense o Castellón, por ejemplo).
En cambio, se valoró positivamente – quizás porque algunos lo estamos viviendo más de cerca – el servicio que prestan a los núcleos poblacionales más pequeños. No así por parte de Carmelo Encinas, a quien le parece que esa tarea puede ser perfectamente asumible por los propios servicios de la Comunidad Autónoma correspondiente. Entre la supresión y la reforma, los tres nos pronunciamos por la segunda opción.
Las críticas a las Comunidades Autónomas se centraron principalmente en la ineficacia y en la tendencia a potenciar lo que nos separa, en lugar, de crear servicios públicos comunes. Se criticó la financiación, el endeudamiento, la burocracia, los despilfarros, pero especialmente la falta de racionalidad en asuntos tan delicados como el de la salud. No puede consentirse que un paciente de Guadalajara – y eso lo explicó muy bien una joven de Hiendelaencina – tenga que viajar a un hospital de Ciudad Real o de Albacete. O que se solapen y dupliquen las competencias, por culpa de la proliferación de ventanillas: locales, provinciales, autonómicas y nacionales. Alguien del público, con bastante sentido común, demandaba una tarjeta sanitaria única, que impida este tipo de situaciones tan lamentables.
“¿Son necesarios el Senado, las Comunidades Autónomas y las Diputaciones?”, como se nos proponía en el debate. La respuesta, en mi caso, es así de clara y sencilla: serán necesarios o prescindibles, en función de la utilidad que tengan.
Porque, en la actual situación económica, no pueden derrocharse millones de euros en una administración pública ineficaz, que no sirva para nada.
