Es probable que una de las palabras más pronunciadas, y escritas, en el último año y medio en España haya sido “despoblación”. Desde conversaciones particulares a reuniones más formales de diverso carácter, raro era el día queuno no se tropezaba con el término. Se publicaron varios libros, de enfoque literario o periodístico, eso sí, que han sido ampliamente reseñados, comentados y vendidos. Incluso han dado pie para que sus autores sean llamados a intervenir en foros especializados sobre el tema.
Tan intensa y extensa presencia mediática ha reintroducido el asunto en la denominada “agenda política”. El 17 de enero, en la VI Conferencia de Presidentes, se creó el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico (R. D. 40/2017, de 27 de enero) y el pasado 5 de septiembre se celebró la tercera reunión del grupo creado para proveer de contenido a la estrategia que se pretende desarrollar de cara a dicho reto.No he encontrado detalles de los temas tratados en esas tres reuniones; ni orden del día ni actas posteriores. No sé si están disponibles, ni si lo estarán, o si se publicará un documento cuando eleven sus propuestas. En este momento, sin embargo, eso no me preocupa.
Sí me gustaría compartir mi inquietud sobre las razones que, según la letra del real decreto, justifican la existencia del Comisionado y de la denominada estrategia frente al reto demográfico. En el preámbulo de la citada norma se cita el “desequilibrio de la pirámide de población” como una justificación de lo pertinente que es la creación de dicho comisionado. Unas líneas más abajo aclara la dirección de dicho desequilibrio: se prevé una disminución de la población, hay un alto grado de envejecimiento, hay zonas del territorio poco habitadas… Más concretamente, en el primer artículo dice: Se crea el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, al que corresponde la elaboración y el desarrollo de una estrategia nacional frente al reto demográfico y aquellas tareas que contribuyan a dar respuesta a la problemática del progresivo envejecimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante. Vamos por partes.
Sería muy conveniente que quien inspiró el real decreto aclarara qué entiende por una pirámide equilibrada. Probablemente una en la que la base fuera muy amplia por la abundancia de nacimientos y la subsiguiente población infantil. Sin embargo, ese tipo de población corresponde a una sociedad que no es la europea y española actuales, y sería origen de otros inconvenientes, por lo menos, tan graves como los que se pretenden enfrentar con este real decreto. Por otro lado, al señalar, el “envejecimiento poblacional”, el “despoblamiento territorial” y, algo misterioso, “los efectos de la población flotante”, sin referirlos a unas circunstancias concretas (p. ej.: grupos de edad, lugares donde se presentan dichos problemas y población en conjunto), es no decir nada útil. Pero sí introducir ruido y confusión en el planteamiento de los verdaderos problemas. El error, en esta y otras aproximaciones al tema (en eso son iguales grupos que dicen afrontar el problema desde posiciones diferentes y aún enfrentadas), es suponer, contra toda evidencia, que la población es homogénea, en cuanto a su distribución por sexo y edad, y está equitativamente repartida por todo el territorio que se use de referencia. Da lo mismo si se trata de una ciudad, una provincia o un continente, se divide el número de habitantes por la extensión del espacio elegido y se obtiene una cifra. Después se decide si esos son muchos o pocos habitantes y ya está. Pero no es esa la forma de conocer y comprender cómo es una población concreta, cómo ha llegado ahí y qué hacer (si es que se puede hacer algo) después de comprender lo que está pasando.
Permítame, quien lea estas líneas, que cite a una autoridad en demografía, Julio Pérez Díaz, que deja claro el sinsentido de la propuesta1. Lo primero que le llama la atención es la mezcla, en tan poco espacio, de asuntos tan variopintos como los que aparecen en el citado artículo primero del real decreto. Lo cual hace que se pregunte por quién proporciona el marco teórico al gobierno en estos asuntos demográficos y concluya que los profesionales están ausentes de tan importante cometido. Apostilla sobre ese artículo: Cada punto de la trilogía es falaz, juntos son un monumento al sin sentido legislativo. Así que, una vez visto el vacío técnico de la norma legal, estaría bien saber la preparación de quienes forman el grupo de trabajo, y qué propondrán, si esas son las condiciones de partida.
Aunque reconozco que mi curiosidad por conocer los documentos que surjan de esas reuniones aumenta. Sobre todo por poder compararlos con las recomendaciones que, sobre despoblación, ya hicieron desde el Senado el pasado año 20152. Acerca del contenido de estos dos documentos, que tienen mucho material opinable, podremos hablar otro día. De todas formas, lo que de verdad es preocupante, por la gravedad del asunto y por la frecuencia con la que se presenta, es la conducta retratada por el profesor Pérez Díaz en la siguiente frase: Mal vamos si un problema real es erróneamente diagnosticado y se mezcla con cosas no relacionadas haciéndolo incomprensible. Efectivamente, muchos de los problemas que percibimos a nuestro alrededor, algunos de los cuales consideramos enquistados, incluso irresolubles, tienen su origen en un error de diagnóstico. Desde mi punto de vista, en los últimos tiempos, uno es el campeón indiscutible: el que se oculta tras el término “despoblación”.
1. https://apuntesdedemografia.com/2017/02/06/comisionado-frente-al-reto-demografico/
2. El informe de la Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural
en España: http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_505_3392.PDF
El de la Comisión Especial de Estudio sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de
montaña, aquí: http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_550_3678.PDF
