Cuando el Ministerio de Industria dio un permiso para la extracción de gas no convencional mediante fractura hidráulica en el norte de Guadalajara, en los pueblos afectados casi nadie había oído hablar de esta técnica. Pasados los primeros momentos de estupefacción, los vecinos empezamos a recopilar información y a comprender que aquello iba a cambiar totalmente nuestro entorno y nuestras vidas en el futuro: el fracking puede provocar movimientos sísmicos y contaminación de los acuíferos y el medio ambiente, una contaminación muy peligrosa para la salud humana, tanto en las áreas cercanas a los pozos de extracción como en zonas más amplias y en las cuencas de varios ríos.
Ante la gravedad de la situación, a finales de mayo se creó la Plataforma Contra el Fracking de Guadalajara (http://frackingno.es), que agrupa a representantes de los ayuntamientos de los pueblos afectados, asociaciones y vecinos de la comarca y cuyo objetivo es parar el proyecto Cronos, de la empresa Frontera Energy Corporation. La plataforma dedicó los primeros meses a explicar en los pueblos qué es el fracking, las consecuencias que tiene y la situación en que queda la zona una vez se agota el gas y se cierran los pozos de extracción. ¿Así que alguien se propone venir sin que nadie lo haya llamado, destrozar los campos y el monte y dejar los residuos contaminantes aquí cuando ya no pueda obtener más beneficios?, era la pregunta que nos hacíamos los vecinos.
La oposición al proyecto Cronos es unánime y rotunda. Los vecinos pensamos que es un atentado contra nuestro medio de vida, que nadie ha contado con nosotros, nadie nos ha informado ni pedido nuestra opinión. Nos sentimos ignorados y menospreciados. Estamos indignados y preocupados. Y sobre todo, nos sentimos desprotegidos.
Bujarrabal, pedanía de Sigüenza, es uno de los pocos pueblos afectados por el proyecto Cronos cuyo alcalde no está de parte de los vecinos en su oposición al fracking. Según José Manuel Latre, alcalde de Sigüenza, en una entrevista publicada en La Plazuela el pasado agosto, «se trata de un proceso de investigación, son seis años, los primeros años son mediante estudios geológicos». Sin embargo, los vecinos somos perfectamente conscientes de que nadie investiga para luego no llevar a la práctica el proyecto.
La confirmación de nuestras sospechas la tenemos en el artículo 2 del Real Decreto 317/2013, de 26 de abril, por el que se otorga a Frontera Energy Corporation, S.L., el permiso de investigación de hidrocarburos denominado «Cronos»: «Tercer y cuarto año de vigencia (segunda fase): [...] inicio de los trámites para la autorización de la ejecución del primer pozo con los consecuentes estudios de la viabilidad técnica y económica de la perforación. En el caso de decidir perforar, comienzo de un estudio de impacto medioambiental del sondeo. Perforación, estimulación multilateral y tests de producción del primer pozo».
Por otro lado, el alcalde de Sigüenza no se cree que sean ciertos los riesgos que entraña el fracking, demostrados por numerosos estudios realizados por universidades de España, Estados Unidos, Gran Bretaña o el Parlamento Europeo. En la entrevista mencionada asegura: «Es un tema que preocupa a la gente pero, por las informaciones de personas especialistas que conozco, no es cierto lo que dicen que puede ser cancerígeno, mutante, que se producen explosiones».
Muchos vecinos de los pueblos afectados, la mayoría de ellos personas jóvenes y con hijos, se plantean marcharse de la zona si el proyecto Cronos sigue adelante. En estas circunstancias, sorprenden posturas como la de José Manuel Latre, alcalde de Sigüenza.
Luchar contra este proyecto es enfrentarse a poderes que pueden parecer abrumadores, a multinacionales y a unos políticos nada imparciales. La consultora KPMG, que asesora a Frontera Energy Corporation, tiene como socio a Antonio Hernández, ex director general de Política Energética y Minas en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y a José María Aznar como asesor personal del presidente de KPMG en España, John Scott.
Pero cuando la aberración es tan grande y tan sin sentido es cuando más legitimados se sienten los pueblos pequeños para reivindicar sus derechos. La gente que ahora vivimos en estos pueblos no queremos ser recordados como la generación que permitió el fracking.
Asociación de Vecinos de Bujarrabal y Plataforma Contra el Fracking de Guadalajara
