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Uno de los términos más mediáticos es el título de esta columna. Vamos a dedicarle unos minutos.

El precio que alcanza la energía eléctrica, lo que se paga por la luz (como se dice) es político, tanto para particulares como para empresas; se publican las tarifas en el BOE para conocimiento general. Pero estas tarifas tienen poco que ver con la realidad que está detrás de los enchufes de cada hogar u oficina.

En 1996 se pretendió en España liberalizar el mercado eléctrico siguiendo una directiva europea, que por cierto fue ignorada en Francia, Alemania y algún otro país de la comunidad; en nuestra tierra se siguió a medias lo cual produjo resultados indeseables.

Para esa liberalización el negocio eléctrico se dividió en tramos: generación, trasporte (que siguió bajo control estatal) distribución y por último, en 2009 comercialización, constituida esta última por empresas eléctricas, financieras, … que participan en las llamadas subastas CESUR, subastas trimestrales, que fijan el precio reconocido por el gobierno para la energía en el trimestre próximo (en la última subasta se valoró  en 61,83 €/MWh, frente a los 47,54 €/MWh que regían en el trimestre pasado, último de 2013).

El precio resultante de la subasta se enfrenta al decidido políticamente (el publicado en el BOE) de tal manera que desde el comienzo de las subastas CESUR, ha habido un desfase de miles de millones de euros entre ambos números a favor de las empresas comercializadoras. Para no gravar la factura doméstica mensual por encima de la indicada por el BOE, la diferencia se carga a una cuenta que se denomina déficit tarifario; de esta manera la factura eléctrica se pagará a plazos siendo el primero el mensual o bimensual, quedando un resto de proporciones inmensas, que se va incrementando anualmente hasta alcanzar en estos momentos una no despreciable cifra: del orden de 30 000 millones de euros del que responde la nación, esto es Juan Español.

El problema es de tales dimensiones que el propio presidente del gobierno anunció una subida del 11 % en las tarifas eléctricas para el primer trimestre de 2014, cifra que es escalofriante para los hogares sacudidos por la crisis y para las empresas que siguen con la necesidad imperiosa de exportar. A la postre el aumento ha sido del 2,3 % en esta época de reducciones.

De esta historia se pueden sacar múltiples consecuencias y sería conveniente aprovechar la ocasión para señalar dos: 1ª.- Algo tan esencial como la energía (así como la sanidad, educación, el agua) no se puede dejar en manos de personas que sólo persiguen su lucro. 2ª.- No se debe jugar a ser semiliberal: o se nacionaliza una rama o se liberaliza.

El secretario de estado de la energía señalaba en una entrevista para la prensa que se estaba gestionando una nueva reforma eléctrica, por lo que la última subasta sería realmente la última; en este caso volveríamos sobre el tema para rematarlo, del mismo modo que el tema rematará nuestra vapuleada economía.

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