Los inicios de prácticamente todas las escuelas rurales de los valles del Henares, el Dulce, el Vadillo y el Salado se remontan a los años cuarenta del siglo XIX. En el siempre socorrido Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España, de Pascual Madoz, se puede rastrear el número aproximado de niñas y niños que empezaron a asistir a las primeras escuelas mixtas de la mayoría de esos municipios de la comarca seguntina. Desde los más pequeños, como Mojares, Jodra o Cubillas, que no pasaban de los seis alumnos y alumnas; hasta los más grandes, como La Olmeda, Pelegrina y Bujarrabal, con una media de 28 escolares, o Palazuelos, con 58; pasando por otros de un tamaño mediano, como Horna y Carabias, con unos 20 niños y niñas, todos abrieron su escuela de instrucción primaria, que permaneció activa durante décadas. En esos años, la escasa retribución de los maestros corría a cargo generalmente de las familias, que solían pagarles en grano: una fanega o tres celemines de trigo cada una; o, más raramente, en moneda, como en el caso de Pelegrina, donde el maestro cobraba unos 25 reales por cada escolar.
Mapa físico y agrícola de España y Portugal, de finales del siglo XIX, utilizado en la escuela de Bujarrabal. La información de este mapa es muy básica, por lo que debió estar destinado a los niveles iniciales de la enseñanza primaria elemental.
A partir de la importante Ley de Instrucción Pública de 1857, más conocida como Ley Moyano, la enseñanza primaria elemental fue obligatoria para todos los niños y las niñas desde los seis hasta los nueve años. En pueblos con menos de 500 habitantes, y que no pudieran unirse a otros municipios, tenía que haber al menos una “escuela elemental incompleta”, llamada así porque no se impartían todos los cursos de la enseñanza primaria elemental. Además, solamente en ese tipo de centros de instrucción pública se permitían las escuelas mixtas, en previsión de que no se pudiera contratar a un maestro y a una maestra para dividir al alumnado por sexos.
La Ley Moyano también estableció que los ayuntamientos asumieran los gastos que generaba la escolarización: el sueldo del maestro o la maestra, el alquiler de la casa-habitación que estos ocupaban y la compra del material escolar. Ello supuso un gran esfuerzo económico por parte de los pequeños municipios, ya de por sí menguados de recursos. Por ejemplo, Bujarrabal, con unos 275 habitantes, destinaba a la educación primaria nada menos que la cuarta parte de su presupuesto anual.
Esta fotografía, tomada a mediados de los años cuarenta, podría inducir a pensar que la enseñanza escolar en aquel momento era mixta, cuando en realidad se trata de una alumna y un alumno que eran hermanos pero estudiaban en aulas separadas por sexos.
Aun así, de los aproximadamente 20.000 maestros y maestras que había en España a principios del siglo XX, más de la mitad seguía obteniendo por su trabajo una remuneración casi equivalente al sueldo de un bracero. Este fue, sin duda, uno de los motivos por los que las escuelas rurales eran consideradas como un destino “de paso” hacia plazas menos precarias en municipios con mayor población y mayores recursos económicos. En el futuro, ese continuo traslado de maestros y maestras se convertiría en un mal endémico.
De todas las asignaturas que se estudiaban en los diferentes cursos, las que se consideraban más importantes en estos años eran Lectura y Escritura, Geografía, Gramática, Aritmética, y Agricultura, Comercio e Industria. Pero cuando había una maestra al frente de una escuela mixta, a las niñas no se les impartía esa última materia ni otras como Física e Historia natural, para ser instruidas a cambio en Labores y nociones de Higiene personal. Por ejemplo, en Bujarrabal, en 1911, se le reconocía a la recién llegada maestra Juliana Romero López “que desde el mes y medio que lleva la expresada profesora, las niñas se nota que han aprendido bastante en Labores”. Por otro lado, en la medida en que los pequeños ayuntamientos pudieron ir construyendo edificios nuevos o ampliando los que ya se utilizaban como centro escolar, se fue separando a los niños de las niñas y, lamentablemente, se impuso la enseñanza diferenciada por sexos. Eso sucedió en Bujarrabal en 1929, a costa de un gran esfuerzo del municipio para aportar el dinero necesario y de las familias, que se vieron obligadas a ayudar en los trabajos de albañilería.
Interior de una cartilla de escolaridad de los años cincuenta, donde se recogían las notas de las materias: Lectura, Escritura, Dibujo, Cálculo, Religión, Geografía e Historia, Formación del espíritu nacional, Ciencias naturales… y, en el caso de las niñas, Formación para el hogar; así como las notas de Conducta, Puntualidad o Aseo.
Todo ello, sumado a la ralentización en la incorporación masiva de las niñas a las escuelas del país, generó una gran desigualdad en el proceso de alfabetización de las mujeres. Hacia 1930, mientras que el analfabetismo se había reducido a la cuarta parte en el caso de la población masculina, seguía afectando a casi la mitad del total de la población femenina. La equiparación entre sexos en materia de alfabetización tardaría aún varias décadas en producirse.
Al iniciarse el año 1967 se anunció una partida económica importante para el transporte del alumnado de diecinueve pueblos de la comarca seguntina que iban a cerrar para siempre sus escuelas, en teoría, al terminar el curso, aunque en realidad aquel plan se materializaría por completo algo más tarde. No obstante, se había dictado la sentencia de muerte de las escuelas de Alboreca, Alcuneza, Barbatona, Bujarrabal, Carabias, Cubillas, Estriégana, Guijosa, Horna, Jodra, La Cabrera, La Olmeda de Jadraque, el caserío de Los Heros, Mojares, Moratilla de Henares, Palazuelos, Pelegrina, Pozancos y Ures. Los 192 niños y niñas que procedían de todos esos lugares iban a ser trasladados diariamente en autocar a Sigüenza. “Aquí no será preciso crear escuelas nuevas, ya que las actuales son capaces de acoger a todos estos niños y niñas”, según se informaba en el periódico Nueva Alcarria de Guadalajara.
Ese mismo proceso de concentración del alumnado y traslado diario en autocar se estaba repitiendo en otras poblaciones próximas, como Algora, donde sí tuvieron que construirse dos edificios con el fin de acoger a los 104 estudiantes que completaban la matrícula de las escuelas de Almadrones, Fuensaviñán, Torresaviñán, Laranueva y Torremocha del Campo, que también fueron clausuradas. Antes de eso, cuando a Mirabueno le llegó el turno de enviar a 28 niños y niñas a la escuela de Algora, sus habitantes se rebelaron. De la noticia se hizo eco el ABC: “Por rencillas tradicionales entre los dos pueblos alcarrenses los vecinos de Mirabueno se niegan a enviar a sus hijos a la escuela comarcal de Algora”. Aquel titular, sin duda tendencioso, pretendía ocultar razones de mayor calado, como la resistencia a perder un derecho históricamente consolidado.
El pupitre o mesa-banco bipersonal perduró en algunas aulas españolas hasta los años sesenta y setenta del siglo XX. Este modelo tiene asientos movibles, respaldo, tablero inclinado, agujeros para los tinteros, estante, y rejilla fija para aislar los pies del suelo.
Paradójicamente, en pleno desarrollismo franquista, antes de que algunas de aquellas escuelas rurales cerraran sus puertas, los alumnos y alumnas de diferentes edades fueron reunidos de nuevo en una sola aula, a cuyo cargo estaba un maestro o una maestra. Esta sobrevenida enseñanza mixta volvía a recordar los orígenes, allá por el siglo XIX, de las escuelas en los pequeños municipios de la comarca.
El cierre de las escuelas fue, en realidad, uno más de los eslabones de una debacle largamente anunciada. La emigración masiva de los jóvenes a las ciudades y la consiguiente pérdida de población en los pueblos, el desplome de los ingresos en las arcas municipales, el desgobierno de los pequeños ayuntamientos… y, como origen de todo ello, el desinterés del Estado dictatorial por salvar las zonas rurales del descalabro tuvieron consecuencias nefastas. En los años setenta, en medio de aquella espiral, más de veinte municipios también pasaron a ser literalmente engullidos por el Ayuntamiento de Sigüenza con el compromiso de ofrecer en contrapartida los servicios necesarios. Sin embargo, esto se convirtió, por regla general, en promesas incumplidas que durante décadas han permanecido enquistadas.
Con el desmantelamiento de las diecinueve escuelas de la comarca seguntina se ponía fin a más de 130 años de enseñanza de estudios básicos en aquel medio rural. Y, aunque no se puede mitificar ese modelo de escolarización, porque tuvo sombras que oscurecen su eficacia plena, lo cierto es que gozó de ventajas. Entre ellas cabe destacar los beneficios que proporcionaba la proximidad de las escuelas y el papel que estas desempeñaron en la alfabetización del país, sin olvidar la importancia que tiene la pequeña escala para el desarrollo personal y colectivo.
