Acontecimientos como la guerra de la independencia, el trienio liberal, las tres guerras carlistas, la revolución industrial, las desamortizaciones, crisis, revolución y república, tuvieron grandes repercusiones en España, pero en Sigüenza el siglo XIX es un gran desconocido.
La desamortización de Mendizábal (1835) afectó fundamentalmente a la Iglesia, que vedió predios tanto rústicos como urbanos. En Sigüenza se desamortizaron multitud de casas repartidas por todo el casco y grandes fincas rústicas, como El Henazar en Huérmeces o el Coto Redondo de Cirueches. Pero la mayor repercusión fue debida a la desamortización de Madoz (ley del 1 de Mayo 1855), mucho más intensa y con efectos hasta el siglo XX. Obligó a vender, además de más patrimonio de la Iglesia, bienes del Estado, de Instrucción Pública, de la Beneficencia y todos los Propios y Comunes, propiedades de los ayuntamientos y los vecinos en comunidad, como molinos, batanes, hornos, pozos de nieve, casas, tierras de cultivo, montes, dehesas, baldíos, etc. Según González Marzo (2008), en Sigüenza se vendieron 300 casas (la mayoría del Cabildo y del Hospital de San Mateo), 6.000 fanegas de tierra y 23 edificios , con argumentos como preservar la hacienda para el pago de la deuda mientras, se decía, se salvaguardaban los derechos de los campesinos. Sobre el papel no era una expropiación de los bienes del municipio, sino un cambio en la forma de la propiedad ya que los ayuntamientos seguirían cobrando indirectamente de esos bienes: del producto obtenido de las ventas, el 80% se destinó a títulos de deuda pública fija e intransferible, con beneficio del 3% a favor de los antiguos propietarios; el 20 % restante era para el estado. Sin embargo, pronto se manifestaron las dificultades para cobrar.
Sobre el grado de aceptación de estas medidas, sabemos que se hizo una consulta a 2000 ayuntamientos, mostrándose sólo 20 a favor (González Marzo, 2008). Por el contrario, ningún partido se opuso a las mismas excepto dos diputados que salieron predicando en balde en contra de las doctrinas que dictaban sus propios partidos. Según Manderscheid (2003), fueron multitud los artículos periodísticos que aparecieron en contra de tales expropiaciones masivas, pero Hacienda, con incansable codicia, destituía a todos los que se oponían. El propio Madoz, en sesión de 20 de Abril 1855, dijo que ni ahora ni en ningún tiempo debían venderse los bienes del común aprovechamiento porque no podía caber en la mente de ningún gobierno, ni de las cortes, desposeer a los pueblos de unos bienes que disfrutaban principalmente las clases pobres. Pero el afán privatizador no reparaba en modificar leyes, a menudo por decreto, o incluso realizar operaciones vía simple circular, llegando hasta el falseo sin reparos de datos y nombres. Las grandes fincas de los montes de Toledo y Ciudad Real y la pérdida de dehesas boyales y montes públicos en muchos pueblos se originan en aquellos trapicheos. Una vez privatizados, muchos montes de la comarca fueron talados para carbón vegetal, en demanda creciente para la industria de la capital aprovechando para su traslado el ferrocarril recién inaugurado. Aunque de esas talas a mata rasa, con el tiempo, no se libró ningún tipo de monte alto.
En junio de 1855 se suspende la venta de los montes de cualquier clase y propiedad hasta que los ingenieros de montes emitan informes y se determine lo más acertado. Fue la primera promoción (1851) de España de Ingenieros de Montes de la escuela de Villaviciosa de Odón a la que hay que agradecer los actuales Montes de Utilidad Pública, pues en tres meses recorrieron España haciendo un catalogo pueblo por pueblo con los montes, extensión y especies que los cubren. Resultado de su trabajo es el primer Catálogo de Montes de Utilidad Pública, de 1877, que pasaron a ser considerados no enajenables, conscientes de que con la desamortización se eliminaban elementos estructurales de las economías locales durante siglos, como las dehesas boyales, necesarias para mantener los ganados de tiro y por tanto esenciales para la agricultura y transporte; o los montes altos, cuyos beneficios económicos son a largo plazo para la sociedad y que tienen multitud de aprovechamientos (caza, maderas, colmenas, pastos, carbón, hongos, sujección de suelos, evitar inundaciones, etc.). En 1859 quedaron también suspendidos de la venta terrenos que, aún desnudos de árboles, formaban territorios naturales poco aptos para cultivos agrícolas, como montañas, riberas escarpadas, costas acantiladas, dunas y arenales, los últimos hoy día, en buena parte, terrenos de cultivo... del ladrillo (más con la reciente ley de costas, que no es otra cosa que una desamortización del siglo XXI).
Con la declaración de Montes de Utilidad Pública se libraron de la venta nuestros dos montes principales, El Pinar y El Rebollar, que han sido —y seguirán siendo, esperemos—, posesiones del Ayuntamiento, con los mismos nombres y las mismas especies que lo pueblan, desde más allá del siglo XVI, como atestiguan las primeras actas municipales conservadas en el Archivo Histórico Municipal. Pero a lo que el ayuntamiento de Sigüenza no pudo o no se quiso oponer fue a la venta de los prados comunales y baldíos, tierra inculta donde pasteaban los ganados y obtenían leña sus vecinos con carácter comunal y gratuito, tierra que, según la ley, no podía ser privatizada. De ellos, y de cómo afectaron las desamortizaciones a la estructura de la propiedad de la tierra en el municipio de Sigüenza, hablaremos en el siguiente número.
Por: Diego Moreno Roquez
Fuentes:
González Marzo, F. (2008). La desamortización de Madoz en la provincia de Guadalajara (1855-1896). Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara. 452 pp.
Manderscheid, E. B. (2003). Los montes de España en la Historia. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 612 pp.
Archivos históricos municipal de Sigüenza y provincial de Guadalajara
