La violencia infantil puede presentarse en forma de la explotación, abuso sexual, la trata y el tráfico, las prácticas culturales dañinas contra los niños y las niñas como la mutilación genital o el matrimonio infantil, el castigo físico y psicológico y también, el reclutamiento en grupos armados.
Existe un tipo de violencia silenciada y es la ejercida contra millones de niños y niñas en el mundo cada año. Lamentablemente la violencia puede darse en cualquier escenario de la vida y en contextos muy variados: en sus casas, escuelas, instituciones, trabajo, en sus comunidades, Internet o en medio de una emergencia.
En España sólo en 2016 se registraron 37.495 denuncias de delitos violentos contra niños y niñas. Entre 2012 y 2016 fallecieron más de 100 niños y niñas por causas violentas. El 48% de los niños y niñas perciben la escuela como un espacio inseguro. Los casos de acoso escolar y ciberacoso han ido incrementándose en los últimos años. Y las niñas son víctimas en el 67,66% de los casos de violencia en el ámbito familiar. (*Datos: Alianza para erradicar la violencia contra la infancia)
Ellas sufren especialmente la violencia ya que de todas las denuncias presentadas por abuso sexual en 2016, más de la mitad tenían un menor como víctima. (*Datos: anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2016)
El silencio es una característica del abuso sexual infantil y la mayor parte de agresiones de este tipo se dan por personas conocidas por el niño o la niña, familiares o de su entorno más cercano.
El Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados en el segundo trimestre de 2019 el anteproyecto de Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia. Esta Ley se reclama desde varias organizaciones para la infancia, que forman parte de la Alianza para Erradicar la Violencia contra la Infancia. La Alianza está integrada por Aldeas Infantiles SOS, Educo, Plan International, Save the Children, Unicef Comité Español y World Vision; y cuenta con el apoyo de la Plataforma de la Infancia.
La ley propuesta para evitar la violencia contra la infancia solicita algunos requisitos mínimos como la formación especializada de los profesionales, la prohibición de que aquellos condenados por algún delito relacionado trabajen con menores, campañas de sensibilización, medidas concretas de protección para colectivos vulnerables (niñas, LGTBI, menores extranjeros no acompañados...), suspender las visitas a padres agresores, que la prescripción de los delitos de abusos sexuales empiece a contar a los 30 años y no a los 18 y que en los centros se pongan en marcha protocolos para combatir el acoso.
De nada servirá esta futura Ley sin una adecuada estrategia integral que venga acompañada de medidas de sensibilización a la ciudadanía, prevención, protección y reparación de los daños ejercidos contra los niños y niñas, y una dotación presupuestaria suficiente para cambiar la realidad actual.
La erradicación de la violencia contra la infancia debería ser una prioridad absoluta, ¿realmente hay que esperar a 2019 para proteger a los niños y niñas?