Mar02182020

Last updateMar, 18 Feb 2020 11am

Back Está aquí: Home La letra violeta Violencia de género en el ámbito rural

La letra violeta

Violencia de género en el ámbito rural

El objetivo de este artículo es visibilizar las cifras de la violencia de género en el ámbito rural español, que conviene definir de la manera más teórica de acuerdo con la Ley 45/2007, que define al municipio rural de pequeño tamaño como aquellos con población residente inferior a 5.000 habitantes y que esté integrado en el medio rural.

Antes de continuar, me gustaría aclarar que los datos recabados para redactar el artículo corresponden tanto a la Macroencuesta de violencia contra la mujer realizada en 2015, elaborada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; y también al Informe sobre Víctimas mortales de la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja en los años 2016 al 2018 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Es preciso aclarar que todos los datos se reservan al ámbito de la pareja o expareja, por lo tanto, no tenemos cifras reales de los feminicidios fuera de este ámbito.

Es importante poner el acento en el ámbito rural por varios motivos. Según el Informe del CGPJ, la violencia machista se ha manifestado en cada una de las provincias de España con, al menos, dos casos, además el 70% de los casos se producen en pueblos o ciudades de menos de 100.000 habitantes; esto implica la necesidad de redoblar los esfuerzos en el ámbito rural, donde los datos indican que las mujeres están más desprotegidas.

En estos casos, hay que hacer especial hincapié en la necesidad de la interposición de denuncia, dado que, hasta que no se interpone la denuncia, la maquinaria jurídica, social y policial no se pone en marcha y, aunque en muchos de los casos también resultando insuficiente, es importante que las víctimas estén protegidas cuanto antes, dado que muchas de ellas se encuentran en una situación de vulnerabilidad doble, en torno al 75% de las mujeres asesinadas eran madres, lo que pone de manifiesto que este es un factor que hace más vulnerables a las mujeres víctimas de violencia de género. Además, guarda relación con el elevado porcentaje de casos sin denuncia: la víctima tiene miedo y no denuncia ante el temor añadido de represalias del maltratador contra sus hijos. De hecho, en el trienio de 2016-2018, 46 de 151 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas habían presentado denuncia, es decir, tan sólo un 30,5% del total.

El Tribunal Supremo lo ha explicado en base a una razón muy sencilla: el miedo. Razón que, en el ámbito rural, se incrementa y se complementa con otro tipo de circunstancias como son la falta de medios, de información, el aislamiento social y la propia configuración de la sociedad rural, acentuada por una tradicionalidad mucho más marcada que en municipios situados fuera del ámbito rural. El maltrato habitual se configura con unas características de especial crueldad, dado que el autor lo realiza en su propio hogar familiar, ejerciendo un maltrato prolongado en el tiempo y creando un «escenario del miedo».

Solemos despersonalizar a la víctima de violencia de género, dada la carga emocional que conlleva. Pero es importante hacer una reflexión sobre las condiciones sociales en las que se desarrolla la vida en el ámbito rural, marcado por el aislamiento, no sólo desde el sentido más pragmático en medios urbanos y conexiones adecuadas; sino también desde el ámbito social, en el que los valores más tradicionales de nuestra sociedad se perpetúan de una manera crítica que tiene especial incidencia en las víctimas de violencia de género. Esta no sólo es física, sino que tiene manifestaciones emocionales, psicológicas y económicas.

Pensemos en cualquier vecina de nuestros pueblos, aislada por el propio medio y silenciada por el que dirán en una sociedad que, probablemente, la culpe de su situación. No sólo es dependiente de su agresor de manera psicológica y emocional, sino que también económicamente. No sólo sufre violencia de género, también está afectada por sus circunstancias sociales, partiendo de una gran desventaja para salir de una situación que se vuelve prácticamente imposible sin la implicación de todos los agentes sociales: desde los médicos de atención primaria, pasando por las fuerzas de seguridad y sin dejar de lado a una sociedad que, si no mira hacia otro lado, responsabiliza a la víctima, mientras que, justifica al agresor.