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Ecologistas en Acción alerta de un nuevo proyecto de cria intensiva de cerdos en la provincia

En este caso en el municipio de Luzón, promovido por un particular y con el beneplácito del Ayuntamiento, quien cederá una parcela municipal y la recalificará. Ecologistas en Acción de Guadalajara ha presentado alegaciones a este proyecto, sometido a información pública de Evaluación Ambiental, y que como viene siendo habitual, es presentado por los promotores con grandes carencias, obviando información y los graves impactos que provocan las macro granjas porcinas.

El proyecto se pretende llevar a cabo dentro de la Red Natura 2000, en la Zona de Especial Conservación “Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo”. Asimismo incumple la normativa regional de Evaluación de Impacto ambiental al no presentar ninguna alternativa al emplazamiento elegido. A pesar de la cantidad de parcelas públicas y privadas en el término municipal de Luzón, se afirma que sólo existe una opción, la propuesta por el promotor.
 
Como impactos generales, la granja provocaría una sobreexplotación de los acuíferos que abastecen a los municipios circundantes y los contaminaría por nitratos; además, este tipo de instalaciones desprende fuertes olores y emite contaminantes como metano y amoniaco a la atmósfera.

Según el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la promotora de la explotación, ésta no tiene garantizado el suministro necesario de agua para la explotación. De hecho, en el documento reconocen que éste se realizará mediante un pozo que no especifica si existe, si tiene concesión, y si cubrirá las necesidades sin mermar el caudal de manantiales o cauces públicos. El hipotético consumo sería de 7.280 m3/año.
 
La extracción mediante captación se realizaría sobre el acuífero Sigüenza-Maranchón y mermaría considerablemente el recurso hídrico en manantiales y puntos de abastecimiento de agua. Por poner un ejemplo la fuente más próxima, la del Hontete, se encuentra seca en la actualidad. La temporalidad que ahora sufre se podría convertir en permanencia. Lo mismo ocurre con el Río Tajuña y las fuentes que fluyen hacía él. Asimismo la cuenca de vertido en la que se pretende emplazar la explotación es la del río Blanco, un afluente del río Jalón; por tanto, la contaminación afectaría también a la comunidad vecina de Castilla y León, siendo Layna la población más afectada, y la comunidad de Aragón, que es por donde discurre el río Jalón. El impacto sobre la red hidrológica sería irreversible.

La explotación generaría 4.300 m3 de purines al año. Estos residuos, ricos en nitrógeno, son el principal problema que han tenido y tienen las explotaciones intensivas porcinas. Éstas suelen esparcir este subproducto por los campos de labor a modo de fertilizante, contribuyendo a contaminar los acuíferos con los nitratos no asimilados por los cultivos. En Teruel y Cataluña, donde proliferan las granjas porcinas, el 60 % de los manantiales superan los 50 microgramos de nitrógeno por litro de agua, convirtiéndose en aguas no potables.

 La macro explotación, además, generaría uno de los gases de efecto invernadero más potente, el metano: más de 9.000 kg al año. Asimismo produce uno de los principales causantes de la lluvia acida, el óxido de nitrógeno, con la generación de más de 40 kg al año. Otro contaminante que produce, especialmente dañino si llega a las aguas fluviales, es el amoníaco; la macro granja generaría mas de 5.000 kg de amoníaco al año.

El otro gran problema que provocan estas macro granjas intensivas de cría de cerdos, es la generación de malos olores que perjudicarían la calidad de vida de una gran comarca que vive, en buena parte, del turismo.

La fuerte oposición de los vecinos y el apoyo de las Plataformas contra las granjas de cerdos de Guadalajara ya ha conseguido parar los proyectos de Brihuega, Riofrío del Llano y Cincovillas, lo que demuestra que los ciudadanos no quieren este tipo de actividad. Y no es para menos, pues suponen la puntilla para el mundo rural, ya que afecta al desarrollo de otras actividades más sostenibles y limpias.

Por todos estos motivos, Ecologistas en Acción de Guadalajara pide a la Administración Regional que impida la ejecución de este proyecto y que modifique la legislación actual para evitar que Castilla-La Mancha sufra los graves problemas que ya sufren las comarcas catalanas, aragonesas o murcianas por este tipo de explotaciones.

Igualmente, esta asociación solicita que los ayuntamientos afectados y toda la población se oponga a este proyecto por los graves impactos ambientales y económicos que supondría su puesta en marcha.

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