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2026 será recordado como uno de los peores años en lo referente a incendios forestales en España. Pero no será un caso aislado, puesto que en años anteriores, recientes y no tan recientes, la situación fue también muy negativa. Es habitual oír en la calle, en tertulias radiofónicas y televisivas, en declaraciones de cargos políticos, que se trata de una derivada más del cambio climático. Pero el problema es mucho más complejo. Claro que las altas temperaturas, la escasa humedad atmosférica y edáfica o la escasez de precipitaciones favorecen la propagación del fuego, pero nos encontramos, sobre todo, ante un problema de gestión del territorio que hunde sus raíces muchas décadas atrás. Y, por supuesto, no podemos obviar las causas de la aparición del fuego. Según datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica, más del 90% de los incendios en España tienen origen antrópico, sean voluntarios, sean fruto de descuidos más o menos involuntarios. Si se quiere originar un incendio forestal, se origina. Y si las temperaturas son muy altas, la humedad es muy baja o el viento es fuerte, la propagación es más fácil y rápida. Pero la causa primaria es, muy mayoritariamente, humana. 

La gestión territorial a la que acabo de aludir tiene su origen principal en los años 60 del pasado siglo (y algo antes, en no pocos casos). El masivo éxodo rural hacia las ciudades y zonas industrializadas provocó el abandono de tierras de cultivo y de pastizales, tierras que ahora llamamos marginales, por su escasa productividad y/o lejanía a los núcleos habitados, muchas veces con difícil acceso. Pero esas tierras resultaban básicas en una economía de autosuficiencia como la que había en tantas comarcas españolas. Su rentabilidad era muy escasa, pero la alternativa consistía en, directamente, pasar hambre. Estamos hablando de una España en la que -más allá de cierta visión bucólica de la vida rural- la miseria era la norma, algo consustancial en la historia de buena parte de nuestro país hasta los años 60. Como es comprensible, mucha gente salió de esos pueblos en cuanto pudo, a veces familias enteras, otras los más jóvenes, buscando mejores condiciones de vida. En un sistema económico como el actual, basado en ratios productivas, es una quimera pensar que se pueda volver a reutilizar esas tierras para sus anteriores usos agrarios. Una vez producido el abandono, el proceso de revegetación natural de esos espacios fue rápido. La cobertura herbácea puede tardar entre meses y uno o dos años en apropiarse de esos campos. La arbustiva, poco más. Y los pies de especies arbóreas, surgen a continuación. Todo ello condicionado por factores como el tipo de clima y suelo, las pendientes, la exposición o la altitud. En definitiva, esos territorios agrarios abandonados se transforman en poco tiempo en espacios forestales. Pero a diferencia de lo que ocurría en ese sistema de economía de autosuficiencia, en la que se aprovechaba hasta la última rama para el día a día, con leñas para calentar las casas o para cocinar, con talas de troncos para numerosos usos, con ganadería extensiva que ramoneaba arbustos y árboles…; es decir, con actividades que limitaban la densidad vegetal,  una vez quedaron vacíos esos territorios, estos aprovechamientos desaparecieron. Y no volverán.

Cuando se habla del problema de la gran cantidad de materia combustible que hay en nuestros montes y de la necesidad de reducirla, para disminuir el riesgo de los incendios forestales, se está exponiendo un deseo de muy difícil plasmación real y sobre el que conviene hacer algunas consideraciones. Se puede empezar por una obviedad: allí donde no hay nada que quemar, es difícil que haya incendios. Pero no parece que ese sea el objetivo a lograr. Al revés, el papel del sotobosque, de la cobertura vegetal densa, es básico para el equilibro ambiental. Un bosque con ausencia de sotobosque herbáceo y/o arbustivo es un bosque con el suelo desnudo, y no es esta la situación más deseable. En el suelo desnudo los problemas de erosión se amplifican -y más, en laderas con pendientes elevadas, tan habituales en España-. Pero el interés ambiental del suelo cubierto va mucho más lejos, ya que se trata de un magnífico regulador de los procesos hidrológicos. El suelo cubierto de vegetación favorece la infiltración del agua, su percolación a sistemas hídricos subterráneos, el abastecimiento de acuíferos, la existencia de fuentes y surgencias… Y también algo tan importante como la disminución de las escorrentías superficiales y del riesgo de riadas. Es decir: un bosque con abundancia de sotobosque tiene mayor probabilidad de incendio que un bosque con suelo desnudo, pero las ventajas ambientales del primero son manifiestamente mayores.

En la región biogeográfica mediterránea, a la que pertenece sobre un 75% del territorio español, los incendios forestales son un factor más del ecosistema de sus bosques (entiéndase los de origen natural, como pueden ser los derivados de los rayos). En el caso de nuestro país, el problema se acrecienta por una política de repoblación forestal masiva llevada a cabo en determinadas décadas del siglo XX, que tuvo efectos positivos como la restitución arbórea de vastas superficies, y que también contó con derivadas negativas, como la excesiva dependencia de especies de coníferas de rápido crecimiento, pero altamente inflamables, que cubrieron grandes superficies de manera casi monoespecífica, factor que favorece la propagación del fuego. Sin embargo, hay que añadir que suelen recuperarse rápidamente tras el incendio.

El sumatorio de la regeneración forestal de antiguos espacios agrarios abandonados y de una ambiciosa política de repoblación forestal dio como resultado que la superficie arbolada española actual sea muy superior a la que había en siglos pasados o a mitad del XX. Esto es en sí mismo positivo, no hay más que cotejar fotografías de zonas montañosas en los años 40 o 50, con laderas peladas de arbolado, en las que se aprecian los bancales de campos cultivados y las superficies de pastos, con la situación del presente, muchas veces con extensos bosques densos y bien desarrollados. Tenemos ahora mucha mayor superficie susceptible de ser quemada y eso, más que un problema, es una ventaja. Claro que deben diseñarse políticas forestales tendentes a minimizar los riesgos de incendio, pero conviene reconocer que algunas de las propuestas que pueden oírse aquí y allá son poco realistas. Salvo hecatombe en nuestro sistema económico actualmente vigente, no es sensato pensar que esos espacios marginales que quedaron abandonados décadas atrás vuelvan a ocuparse. Tampoco que una ganadería cada vez más tecnificada vuelva a pastar y desbrozar esos espacios, sobre todo teniendo en cuenta que incluso en la extensiva, que está en rápida decadencia, la existencia de amplias superficies con mejores pastos y accesos más fáciles condiciona de manera evidente la elección.

Debemos, por lo tanto, ser conscientes de que el riesgo de incendios forestales no va a ir a menos. Pero claro que pueden y deben plantearse acciones públicas efectivas para adaptarnos a esta situación. Se podría empezar minimizando la probabilidad de los incendios provocados, tanto desde el punto de vista legislativo, con medidas contundentes desincentivadoras para los pirómanos, como aplicando más sistemas de control de actividades con alto riesgo de causar el fuego. Recordemos ese dato de más de un 90% de incendios de origen antrópico, voluntario o involuntario. La gestión territorial para adaptarse a un problema real también tiene notable margen de actuación en diferentes ámbitos, como la fragmentación de las grandes superficies con bosques monoespecíficos altamente inflamables, el mantenimiento en estado adecuado de cortafuegos y vías de acceso a las superficies forestales, la gestión de perímetros de protección de núcleos de población, la construcción de abundantes reservorios de agua o la ampliación del número de efectivos materiales y personales de lucha contra incendios y la mejora de sus condiciones laborales. Estas y otras medidas pueden contribuir a progresar en nuestra adaptación a un problema, pero sin eludir que cada vez tenemos más superficies susceptibles de quemarse.

En este contexto, escuchar como respuesta a los grandes incendios que asolan nuestro país, en boca de políticos con las mayores responsabilidades en el Gobierno de España, que en breve plazo se va a diseñar una estrategia nacional contra el cambio climático, no sólo es simple y simplista; es también una especie de brindis al sol, que puede quedar bien para titulares de prensa, pero que carece de mayor efectividad. En primer lugar, porque el cambio climático es un problema que trasciende las fronteras de un país concreto y que cuenta con factores muy complejos, algunos de ellos controlables por el ser humano, pero otros muchos no. En segundo, porque el agente principal de los incendios forestales en nuestro territorio es un cambio masivo en los usos del suelo, que viene de atrás y que no se va a revertir.

Luis Cancer Pomar es Profesor Titular de Geografía Física en la Universidad de Jaén.

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