El 23 de diciembre fue publicado en el BOE, el Real Decreto 954/2015 por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de las enfermeras/os, entrando en vigor, como es lógico, al día siguiente.
El borrador del texto, que había sido redactado y aprobado por el Consejo Interterritorial de las Comunidades Autónomas, Organizaciones Profesionales y el Consejo de Estado, fue cambiado con nocturnidad y alevosía el día anterior a ser aprobado en el Consejo de Ministros a finales del mes de octubre. Y como dice el dicho... donde decía digo..., tacharon y añadieron …un desatino.
El Real Decreto, como es obvio, es una norma de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional, y si esperábamos que llegase para dar respaldo legal a las actividades que enfermeras/os llevamos asumiendo y realizando sin problemas desde hace treinta años, lo que nos encontramos es el ninguneo por parte de un gobierno que desprestigia, desprecia y desvaloriza a la profesión enfermera.
En un texto farragoso y lleno de despropósitos, tras las elecciones generales, el gobierno en funciones publicó un Real Decreto que lleva a la inseguridad jurídica de los profesionales universitarios de enfermería, ya que en estos momentos realizar muchas de las actividades que tradicionalmente hemos realizado de forma autónoma es considerado como intrusismo profesional, y por tanto, penado por la ley. Para aquellas intervenciones de enfermería que conlleven la utilización de una pomada antibiótica, una vacuna u otra sustancia sujeta a prescripción médica, el usuario deberá pedir cita a su médico o pediatra para conseguir la orden de tratamiento y volver a pedir cita con su enfermera. Y “de oca a oca”... mientras pierde el tiempo y la paciencia.
Hasta fecha reciente, las vacunas se administraban al usuario siguiendo los protocolos establecidos y consensuados por las autoridades sanitarias. A partir de ahora, será obligatorio que usted acuda a su médico/pediatra que de forma individualizada se le indique la vacuna que se le debe administrar. De forma similar ocurre cuando un paciente acuda a retirarse el sistema de quimioterapia o para que le sea realizado el mantenimiento del reservorio del tratamiento anticanceroso, debiendo acudir con una orden escrita con su nombre y apellidos en la que se exprese, sin lugar a equívocos, las técnicas y los productos a emplear, algo que hasta ahora se realizaba a través de protocolos establecidos y consensuados por los profesionales sanitarios.
El Real Decreto nos obliga a solicitar del médico una prescripción individual para cada paciente en la que conste el diagnóstico, el fármaco o el tratamiento prescrito y el protocolo oficial en que se basan sus órdenes. De momento el gobierno de algunas Comunidades Autónomas, Organizaciones Profesionales y Sindicatos ya han interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo, pidiendo la retirada de este Real Decreto que puede generar un gran perjuicio a toda la población y un claro retroceso en el progreso del Sistema Sanitario Español.
¡Lo que sabemos no nos pueden quitar!
Juzguen ustedes mismos
