A Jorge de Esteban, catedrático de derecho de la Complutense, se le apoda “octavo padre de la Constitución” por escribir un libro en 1973 que influyó en ella. En una entrevista para El Mundo ha dicho (1/12/2018): «Felipe González [...] me pidió que hiciera un proyecto, unas bases constitucionales. Tras los comicios, el partido se encomendó a Gregorio Peces Barba, que reunió en Sigüenza a varios juristas del partido [...]. [...] gran parte de lo que yo propuse pasó después al texto constitucional [...].»
Más allá de la anécdota, lo que sabemos, y esas palabras confirman, es que la Constitución del 78 no fue fruto de un proceso público en el que los ciudadanos, con libertad deliberativa, aportaran los detalles del nuevo poder que habría de constituirse tras el dictador. Ni siquiera se convocó asamblea constituyente, las elecciones de 1977 fueron a Cortes Generales, que luego se pusieron a redactar un texto sin expreso mandato del pueblo y sin su dirección. Pueblo al que se entregó el plato de lentejas ya cocinado, que tuvo que ingerir, antes de que se enfriara, en un plebiscito, jamás en un referendum si usamos bien el lenguaje ya que solo se ofreció en el menú el sí y el no, nunca varias opciones. El que hace la pregunta, como se sabe, manda, y la pregunta jamás se la hizo el pueblo a sí mismo. Esa es la cruda realidad: intento describir, no valorar.
Si queremos salir del actual estado de degradación institucional es necesario empezar a decir las cosas como son. La constitución de 1978 se pergeñó en los despachos, sin taquígrafos, bajo el control de poderes previamente constituidos y ajenos al ciudadano: los partidos y el rey. No hay constitución si no se constituye el poder de novo a partir del mandato colectivo de la nación. Si el texto es otorgado por un poder anterior, lo que hay es una ley fundamental dictada, una carta otorgada, jamás una constitución.
La apreciación dista de ser meramente académica. Porque cuando un poder se pone a sí mismo las normas, acaba siendo un poder no controlado. La democracia no es el “gobierno del pueblo”, el poder no está ni ha estado jamás en el pueblo. La democracia es el “control del poder por el pueblo”, que no es lo mismo. Y cuando la ley fundamental de un país se diseña sin dar la palabra en el proceso a aquél al que se quiere gobernar, resulta siempre un traje a medida. Un poder sin contrapesos. Solo hay que examinar mínimamente el sistema para verlo.
Los diputados no representan a los electores sino al jefe de su partido, que es quien los pone en las listas electorales y a quien, por tanto, se deben. El pago es nombrarlo presidente. Y el mecanismo de poder consiste, durante la legislatura, en votar lo que el jefe manda. Los falsos parlamentarios no parlamentan nada: llegan al hemiciclo con el voto en la mano, haciendo luego un teatrillo para cubrir el expediente. Todo funcionaría igual sin diputados, asignando cuota de voto a los jefes de los partidos según sufragios recibidos en las urnas. Los falsos parlamentarios del sistema de partidos existen para dar apariencia electoral a los comicios y ser los empleados de las cúpulas: jamás representan los intereses de los votantes, sino los de las siglas.
Votamos siglas, no personas. No tenemos un representante de distrito que sea responsable, con nombre y apellidos, ante sus electores, como puede serlo un abogado de un cliente en un juicio, que pueda ser cesado en el mismo instante en que incumpla el mandato imperativo del elector, igual que cualquiera haría con su representante legal si no le satisface. Ni siquiera recordamos sus nombres, votamos listas en la práctica anónimas. Solo refrendamos facciones integradas en el estado según cuotas de poder que variamos ligeramente cada cuatro años. Incluso está prohibido el mandato imperativo en la constitución (art. 67), demostrándose que el principio de representación brilla por su ausencia. El resultado es que el legislativo no está, ni puede estar, controlado por el ciudadano, primer requisito para que haya democracia.
Pero es que, además, como el ejecutivo es nombrado por el legislativo, no hay separación de poderes. Desde Montesquieu se sabe que un poder fuerte (ejecutivo) no puede ser controlado más que por otro igual de fuerte y separado (cámara de representantes). Y si el ejecutivo es un poder descontrolado, fallamos en el segundo requisito para que haya democracia. Nos hartamos de leer en los medios “el gobierno aprobará la nueva ley de...”. El ejecutivo legisla, directamente (decretos) o mediante la disciplina de sus empleados en las cortes. Y lo puede hacer, de hecho lo hace, para ampliar sin límite el poder de los partidos, tejiendo un sistema en el que esas organizaciones opacas, ajenas al ciudadano, ocupan todos los estamentos de la vida pública (justicia, televisión, consejos escolares, rectorados, empresas públicas, miles de organismos, etc.) Lo sabían los revolucionarios franceses, aunque fueron incapaces de llevarlo a la práctica: un poder único que gobierna y legisla es un peligro. Siempre querrá más poder porque, simplemente, dispone de los mecanismos legales para acumularlo. El corolario es la corrupción como factor intrínseco al sistema.
La constitución del 78 nos trajo las libertades públicas –y gracias por los servicios prestados–, pero no la libertad política ciudadana, secuestrada por los partidos. Hay que jubilar el texto actual antes de que todo siga degradándose, y cuanto más tardemos, peor será. Necesitamos un sistema con representación del elector y separación de los poderes políticos. Además de la escrupulosa independencia de la justicia, tercera pata de una democracia digna. La democracia se basa en la desconfianza hacia el poder, que debe estar controlado, luego jamás podrá ser el poder el que diseñe el sistema, sino que tendrá que hacerlo la nación sin que intervenga nadie por encima de ella. Solo así lo que se diseñe tendrá la legitimidad que ahora se duda de lo de hace 40 años, con los consiguientes riesgos que estamos viendo y que, sin duda, irán a más. Los juristas solo tienen que mirar un poco fuera del antidemocrático paradigma de la oligarquía de partidos estatales: hay soluciones que ya han pasado con creces el filtro de la historia.
