Es época de recortes, por lo que el título de esta columna es poco concreto. De cualquier manera se va a hablar en este artículo de algo tan preciso como los recortes en los juzgados, que reciben el nombre de tasas judiciales.
Hasta ahora la justicia se ponía en marcha con una petición ante un tribunal, presentando a los representantes legales; ahora es necesario pagar unas tasas que encarecen el proceso hasta el punto que en ocasiones suponen un sobreprecio que pone la justicia fuera del alcance de la generalidad. No se puede precisar mucho más, puesto que la chapuza con la que se ha redactado la ley no permite gran concisión.
Iniciar un expediente ahora cuesta más dinero: las tasas han de ser satisfechas. Son palos en las ruedas que harán sin duda retroceder las exigencias del cumplimiento de la legislación; de este modo la petición de justicia puede dejar de ser un derecho, para transformarse en un privilegio más.
En esta época, de protestas continuas motivadas por los recortes de todo tipo que se vienen practicando, se ha sentado la costumbre de que policías pidan indiscriminadamente el carné de identidad a manifestantes; con este dato es suficiente para que se multe (hasta con 500 €), a ciudadanos que asisten a manifestaciones autorizadas por el mero hecho de que esos policías necesitan obedecer las consignas recibidas.
Para reclamar frente a este atropello es necesario pagar la multa y posteriormente las tasas, que fijará el ministerio llamado de justicia, para iniciar el proceso. En este caso el conjunto de la acción se encamina a persuadir a los ciudadanos que es mejor quedarse en casa, máxime cuando les ha sido reducido el sueldo; de paso, se colecta un dinero.
Otros casos en los que la avidez recaudatoria se pone en evidencia se dan en las reclamaciones de asociaciones ciudadanas; si una asociación de este tipo quiere actuar judicialmente contra un hecho o persona, ha de satisfacer las correspondientes tasas. De esta forma se consigue no la bendición de los hechos que pueden justificar la protesta, pero si la impunidad de ellos: es una medida disuasoria.
Al señor ministro de justicia se le conoce bien en Madrid, no en vano fue su alcalde, y presidente de la comunidad; en esas épocas puso un empeño increíble en hacer de la capital sede de olimpiadas. No consiguió esta meta pero el déficit logrado en el intento fue suficiente para que Madrid, tanto ciudad como autonomía, sea una de las rémoras económicas de esta España; por mucho que incida en las tasas no logrará establecer un equilibrio.
