OPINIÓN

Que un jefe de un partido mayoritario pueda pactar con otros, minoritarios, a cambio de satisfacer intereses minoritarios, incluso en contra de lo prometido a sus votantes antes de ser elegido, no parece muy justo ni muy democrático. Que los diputados de los partidos se vean obligados a votar en la cámara legislativa cualquier ley, incluso contraria a los intereses de sus votantes, que proponga el jefe de su partido por el hecho de estar ahí gracias a él y de depender su futuro de él, como si fueran sus empleados, no parece tener mucho que ver con la representación de la voluntad de los ciudadanos en el legislativo ni, por tanto, con la democracia. Que la cámara esté compuesta por fieles empleados del jefe, impidiéndose por tanto que aquella pueda controlar la acción de éste, con independencia y teniendo en cuenta los deseos de sus supuestos representados, parece lo contrario a la separación de poderes políticos que prescribió Montesquieu. Que, además, esos jefes de partido puedan influir, para empezar con el nombramiento, en el destino y la carrera de magistrados en puestos clave de la judicatura, hasta el punto de llegar a interferir en los resultados de la justicia o incluso favorecer la aprobación de leyes injustas para ser aplicadas injustamente, que diría el sabio francés, tampoco parece el colmo de lo que dicta el sentido común y de lo democrático. A la vista de los acontecimientos recientes, jamás ha quedado en evidencia con más certeza y claridad ante los ojos de todos los ciudadanos que el sistema es irrazonable e injusto. Y no democrático.

Porque esto no es de ahora. Estos días se han visto unas declaraciones de una integrante de una de las facciones, rasgándose las vestiduras y descubriéndonos la pólvora de que, si no hay separación entre legislativo, ejecutivo y judicial, no hay democracia. Haría gracia si no fuera todo tan triste a estas alturas. Nada de lo hecho recientemente, que está provocando una gran indignación que, como siempre, algunos están canalizado sin pudor hacia lo suyo, se ha hecho sin que sea posible hacerse. No es problema de actores concretos, sino de que el diseño del sistema carece de las más mínimas salvaguardas y controles ante el poder, todo dispuesto para que cualquiera suficientemente motivado aproveche el campo libre ante sus ojos en su propio beneficio. El mecanismo descrito opera desde hace cuatro décadas y media, desde el más humilde de los ayuntamientos hasta el gobierno nacional, pasando por las 17 unidades regionales y las diputaciones. La oligocracia de partidos estatales, que todo lo impregna y que se maneja desde la cúpula jerárquica de las facciones, se estableció, negro sobre blanco, en aquel primer pacto constitucionario (que no constituyente: Sieyès) entre poderes previamente constituidos que se diseñó para su propio beneficio en 1978. Lo que estamos viendo es solo la evolución natural del régimen, predicha hace mucho porque no puede tener lugar de otra manera.

La solución la saben todos los agentes políticos con capacidad de aplicarla. Se lleva denunciando desde antes de que se aprobara aquel texto que cumplirá 45 años en unas semanas. Se ha insistido en ello durante décadas por juristas de gran sabiduría y prestigio, haciéndose caso omiso por todos los actores políticos, cuando no ninguneando o intentando llevar al ostracismo. Parece ser que a los que tienen el poder de cambiarlo les va muy bien en este sistema ademocrático de partidos estatales, integrados en el estado, que poseen el estado y lo usan a su servicio, que incluso cobran de él. En esta partitocracia del reparto, en la que, repartido ya casi todo, pelado y repelado hasta el último hueso del estado, ya solo queda por repartirse una cosa: la nación. Al reparto lo llamaron, lo llaman consenso. Hoy día, por ejemplo, el que se establece entre el supuesto representante de una mayoría y los de una minoría, todos ellos velando por sus intereses, no los de los ciudadanos. Todo lo que oímos cada día de voceros de todos los colores está cuajado de eufemismos y términos desvirtuados que desvían la atención de la gran mentira que constituye el régimen (García-Trevijano, Frente a la Gran Mentira, 1996).

La solución se reduce a una simple fórmula, que conocen, discuten, comprenden o asimilan cada vez más personas en este país, que ya se divulga incluso por populares "influencers" con cientos de miles o algún millón de seguidores. La fórmula la conocen, por supuesto, todos los políticos de relevancia, ya hagan como si no fuera con ellos. Solo tres sencillos elementos, pero con implicaciones profundas y requisitos prácticos muy concretos. La fórmula es fácilmente memorizable. Háganlo literalmente si aún no la conocen, no se dejen engañar por sucedáneos:

Representación + Separación de poderes políticos + Independencia judicial

Empezando por la separación de poderes, hay un requisito imprescindible para ser implantada: que un cuerpo no nombre al otro, cosa ya sabida desde Montesquieu. Que los dos poderes políticos, ejecutivo y legislativo, sean nombrados directamente por los ciudadanos en elecciones distintas. Cuando ambos son uno y un todo, no se puede ejercer contrapeso y control sobre el ejecutivo, especialmente en los regímenes de diputados que se deben a un jefe, como el nuestro, abriéndose por tanto el sistema a la arbitrariedad de las cúpulas de los partidos. Pero es que, además, la elección directa del presidente tiene la enorme ventaja de acabar con los pactos de investidura, dirigidos por los intereses de los jefes de partido y que facilitan la imposición, con manifiestos tintes de chantaje, de las minorías a las mayorías. Muerto el perro se acabó la rabia. Las consecuencias para las tensiones centrípetas que nos amenazan son inmediatas al carecer, los que encabezan esas minorías, de la herramienta básica para la extorsión. La política no es más que lucha por el poder, como sabemos desde Maquiavelo: otorgárselo con unas reglas ilegítimas de forma desproporcionada a los que lo van a usar para profundizar en las divisiones es como mínimo poco inteligente estratégicamente hablando. No creo que haga falta entrar en más detalles, el efecto a medio plazo de establecer elecciones separadas es perfectamente predecible. El santo grial de la cohesión, ahí lo tienen, ante sus ojos. La elección a presidente por sufragio directo y mayoría absoluta de todos los ciudadanos, a doble vuelta si fuera necesario.

En cuanto a la representación del elector, solo hay una herramienta completa conocida: diputado de distrito elegido en circunscripciones uninominales por mayoría de sus electores, sujeto a ellos mediante mandato imperativo y con mecanismo reglamentado de revocación. Los sistemas de lista electoral o proporcionales impiden la representación ya que el ciudadano no puede ejercer control directo sobre el diputado, que trabaja para su partido, no para sus electores. En un sistema representativo (Reino Unido, Francia, Estados Unidos, La India, etc.), es decir, en un parlamento verdadero, el diputado de distrito siente en todo momento el aliento de los ciudadanos, empezando por tener que cumplir lo prometido en campaña (mandato imperativo). Con el mecanismo de revocación, si falla a sus votantes se le fulmina inmediatamente, sin tener que aguantar más arbitrariedades durante el periodo que medie hasta las siguientes elecciones. La posibilidad de revocación ejerce como espada de Damocles permanente, desincentivando salirse del camino recto. Con representación verdadera, no solo se garantiza que el diputado se vea obligado a atender el mandato de sus electores, sino que, además, como se debe exclusivamente a ellos, puede oponerse a los deseos del ejecutivo en caso necesario con plena independencia. Es decir, sin representación verdadera, la separación de poderes políticos queda, necesariamente, coja. El tándem formado por la existencia de listas de partido, en lugar de diputado responsable personalmente ante su distrito, junto a la investidura del presidente por parte de sus fieles dependientes es la receta básica de este régimen. Que imagino que habrá quedado claro que no puede ser llamado sistema democrático al carecer de contrapesos y de control ciudadano que permita actuar directamente en caso de arbitrariedad o incumplimiento.

Por más que se insista en hablar de separación de poderes para referirse a la independencia judicial, la justicia no es un verdadero poder político (es el poder "casi nulo" de Montesquieu). La confusión seguramente es interesada ya que despista de las profundas implicaciones del concepto de separación de poderes políticos, cuya falta es el corazón de la bestia del régimen. El judicial es más bien un cuerpo técnico del Estado, encargado de interpretar las leyes, pero incapaz de crearlas (legislativo) ni de hacerlas respetar coercitivamente (ejecutivo). Lograr una independencia judicial fuerte requiere de varias cosas, pero la imprescindible inmediata es que absolutamente ningún magistrado sea nombrado por los políticos para un tribunal, cuerpo o puesto de dirección en el sistema jurídico. La solución está a la vista, y como ejemplo tenemos los rectores de las universidades, otro cuerpo técnico, que son elegidos por el conjunto de la comunidad universitaria, no solo por los catedráticos, cosa que rendiría en corporativismo. Se puede proponer un órgano independiente de autogobierno de la justicia (Consejo de Justicia podemos llamarlo) que sea nombrado por todos los operadores jurídicos, no solo por los jueces: fiscales, secretarios judiciales, procuradores, abogados en activo, forenses, policía judicial, etc. Es decir, que elijan a sus directores todos los que tienen que ver con un juzgado, menos los delincuentes.

Lo sorprendente es que mudar nuestra degradada y terminal partitocracia a algo mucho más parecido a una democracia verdadera, simplemente siguiendo la pauta que implica "la fórmula", se puede hacer sin más que cambiar unas pocas palabras o frases en cuatro o cinco artículos de la llamada Constitución de 1978 (más las adaptaciones legislativas correspondientes). Son necesarias dos terceras partes de la cámara para hacerlo, cosa que no reviste problema: esa cifra la ha superado con creces la suma de los dos partidos mayores en todas y cada una de las legislaturas, incluida la que ahora empieza. Es fascinante que, en la oligarquía de partidos estatales, baste con que tan solo dos de los oligarcas, los jefes de los partidos mayoritarios, se sienten juntos una tarde, quizá con unas cañas y unas aceitunitas para hacer que el trago les sea más leve, para acordar unos pocos puntos y hacerlos valer mediante los que actúan a sus órdenes en la cámara de diputados. Tardaron menos en pactar aquella infame modificación del artículo 135 en 2011 (deuda externa), a petición de potencias extranjeras. Luego si les rogamos tal pequeña gracia los ciudadanos, que digo yo que más legitimidad tendremos, y lo hacemos con la suficiente vehemencia, es de imaginar que no habrán de tener problema en concedérnosla dada su probada magnanimidad discrecional. En todo caso, nos va el futuro en ello, como parece que por fin empieza a ser evidente para mucha gente, ante la bomba de relojería que tenemos por texto basal del sistema. Así pues, por favor, descansen un ratito en su esforzada labor de división y enfrentamiento entre ciudadanos, en su barrer para casa y en el quítese usted que me ponga yo, y pacten cuanto antes lo único que puede hacer que este país no se vaya al vertedero más bien pronto que tarde. Gracias.