En ocasiones resulta difícil averiguar qué se esconde detrás de un objeto casi olvidado y que de pronto reaparece en la memoria. Como si quisiera recordarte que él también fue protagonista de lejanas experiencias.
No recuerdo muy bien si me lo regalaron, ni cómo y por qué llegó a mis manos ese libro que muchos años después sigue acumulando polvo y solera en la estantería del salón de la casa de mis padres. Tampoco me explico las razones por las que ha seguido cautivando mi atención esa novela, en cuya portada aparece una señora de pelo blanco, toquilla negra y mirada triste, como recién llegada del velatorio de algún ser querido. Aunque sólo fuera por hacerle honor a su título, debería de haberme desprendido de “El desahucio” hace ya tiempo. Pero lo cierto es que ahí sigue, recordándome con más pena que gloria que formó parte de algunas de mis lecturas de la adolescencia, junto con las novelas del Oeste de Marcial Lafuente Estefanía y las aventuras de “El Capitán Trueno” y “El Jabato” o las divertidas historietas del “TBO”. Nada que ver con la colección de obras de destacados autores que hoy guardo en mi biblioteca y a los que algún día les podré dedicar la atención que se merecen.
“El desahucio” no daba el nivel, pero tampoco desentonaba con el realismo de la época en la que sucedieron los hechos. Su autor, Severiano Fernández Nicolás, creo que llegó incluso a ser finalista del Premio Planeta, aunque con alguna obra posterior. “El desahucio”, publicada por la Editorial Reno, lo que mayoritariamente transmite al lector es mucha pena y no poca tristeza al observar la injusticia que se pretende cometer con una persona indefensa. La historia, si no me falla la memoria, gira en torno a un pleito que interpone la protagonista cuando le comunican que va a ser expulsada de su domicilio por culpa de una arbitrariedad jurídica o por una mala interpretación del Código Civil – no recuerdo ya bien – en los años sesenta, cuando fue escrita la novela.
A la señora en cuestión la intentan desahuciar y quitarle definitivamente la poca esperanza que le quedaba en esta vida. La vivienda que había compartido con su marido hasta su fallecimiento tenía que ser desalojada por culpa de una serie de contradicciones legales que añadían mayor dramatismo y un punto de perversión a la novela.
Cuando leí a principios de los años setenta “El desahucio” no podía imaginarme que la ficción fuera a transformarse cuarenta años después en una sangrante realidad. Y con mayor inquina y desprotección, si cabe, por parte de quienes se dedican a interpretar y aplicar la legislación vigente. Aunque la palabra desahucio tiene distintas acepciones en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, me quedo con la primera de ellas: “quitar a alguien toda la esperanza de conseguir lo que desea”.
Los desahuciados, por lo tanto, no sólo son aquellos que no han podido pagar las hipotecas que alegremente les concedieron los bancos y que confiadamente les avalaron personas de su entorno. Los desahuciados en España son también los jóvenes licenciados que, aburridos de mandar currículos de un lado a otro sin obtener respuesta, deciden hacer las maletas y viajar en busca de trabajos, la mayoría de las veces mal pagados, allende nuestras fronteras.
Desahuciados son también quienes ni siquiera van a tener dentro de poco la posibilidad de irse a la emigración, como hicieron sus abuelos, porque las dificultades económicas de sus familias les han impedido acceder a una formación universitaria sin la cual es todavía más difícil encontrar un empleo en el extranjero.
Si hablamos de “quitar toda esperanza de conseguir lo que se desea”, somos desahuciados todos los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, mientras otros esconden sus fortunas en paraísos fiscales o en cuentas opacas de entidades suizas, luxemburguesas o andorranas. No creo que sea necesario poner ejemplos, pero les puedo refrescar la memoria con nombres tan conocidos como los de Pujol o Bárcenas.
Víctimas del desahucio somos también quienes recurrimos precisamente a la justicia para defender nuestros derechos y vemos cómo se eternizan los procedimientos, se dilatan durante varios años las sentencias y dejan de ser perseguidos algunos de los delitos por haber prescrito el tiempo límite que se establece en la ley correspondiente.
Desahuciados son todos aquellos que no pueden disfrutar de un buen servicio de salud en las zonas rurales o de unos medios de comunicación adecuados para trasladarse desde sus lugares de residencia a los centros hospitalarios. Y desahuciados son, por supuesto, los que viven por debajo del umbral de la pobreza o los que tienen sueldos precarios que les impiden disfrutar de los servicios más elementales.
Este sentimiento de desahucio se percibe también en buena parte de la ciudadanía española a la hora de valorar el trabajo y el comportamiento de los políticos.
¿Cómo no vamos a sentirnos desahuciados quienes depositamos la confianza en dirigentes que luego la han traicionado con actuaciones y comportamientos delictivos? ¿Cómo no sentirnos desahuciados al contemplar que se evaden miles de millones en operaciones fraudulentas, al mismo tiempo que se arroja a la calle a gente humilde e indefensa?
La viuda desahuciada de aquella novela realista de mi adolescencia continúa observando desde la estantería de la casa de mis padres una realidad que no ha cambiado tanto como parece. Cuarenta años después, y seguimos entre la desconfianza y la impotencia.
