El pasado 5 octubre, un pequeño pueblo de la serranía de Guadalajara volvía a protagonizar los noticiarios provinciales y regionales. Se trataba de Hiendelaencina, cuyos vecinos vieron como de sus grifos, en lugar de agua, salía gasoil. Ni más ni menos. La razón no era otra que una confusión por parte de la empresa Distribuciones de Jadraque S.L. a la hora de verter la gasolina en el circuito de calefacción en una casa rural de la localidad. Desde entonces la polémica ha sido la protagonista. Por un lado, estaba el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE y sin capacidad financiera para poder afrontar una obra de renovación de redes, debido a sus pocos recursos. Por otro, la Diputación de Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha, comandadas por el PP, y que se han basado en tecnicismos para eludir su responsabilidad en el municipio. Sin embargo, durante los últimos días la Institución Provincial ha comenzado a corregir su posición, mostrando su disposición a colaborar con los afectados.
Hiendelaencina se trata de una población que, según el último padrón –el relativo a 1 de enero de 2012– cuenta con 154 vecinos censados. Una cifra que impide que su Consistorio tener los recursos económicos suficientes como para responsabilizarse de unas remodelaciones como las que exigían la contaminación propiciada por la referida empresa. Al mismo tiempo, la Diputación, hasta hace unos días, no quiso saber nada del asunto. Eso a pesar de que la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, es muy clara al respecto. La mencionada normativa indica en su artículo 36.1, apartado b), que es competencia de los gobiernos provinciales “la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión”. Mandato que, en el caso que centra este artículo, no se cumplió hasta el pasado 19 de diciembre.
Fue este día cuando Ana Guarinos, presidenta del referido organismo, atendió la petición del Ayuntamiento serrano para la renovación de parte de la red de abastecimiento del pueblo. Los argumentos que se defendían por parte del equipo de Guarinos se basaban en que antes de aprobar ninguna partida presupuestaria había que clarificar las implicaciones jurídicas de los responsables del vertido. “Sería inaceptable desde el punto de vista político, moral, e incluso legal, que los ciudadanos, ni los de Hiendelaencina, ni los del resto de la provincia, pagasen con recursos públicos lo que deben pagar los seguros privados”, señalaba la molinesa. Pero, mientras tanto, los vecinos seguían sin poder beber agua.
El vertido que acabó en enfrentamiento
Sin embargo, el desencuentro con la Diputación sólo fue una de las facetas del conflicto generado por la contaminación. Si el pasado 5 de octubre se produjo el vertido, apenas nueve días después, el 14 de octubre, la Junta de Comunidades, uno de los organismos competentes en velar por la salubridad del agua, afirmaba que el líquido elemento del pueblo era apto para el consumo. Sin embargo, el alcalde de la localidad, Mariano Escribano, optó por mantener la prohibición municipal de consumirla ante el olor y el color con el que salía de los grifos. Una decisión que se vio corroborada dos semanas después, el 31 de octubre, durante la comparecencia del delegado del gobierno regional en Guadalajara, José Luis Condado, y la directora general de Salud Pública, Dolores Rubio. En la intervención de estos dos cargos se recomendó no utilizar la infraestructura de la población ni para beber, ni para el aseo personal, ni para las labores culinarias. “Afortunadamente el vertido ha sido al final de la red, y no al principio”, aseveraba Rubio. Al mismo tiempo que se producían estas declaraciones, una cisterna llevaba más de un mes abasteciendo a todos los vecinos.
Fue en este contexto en el que el pasado 5 de diciembre los Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales en Guadalajara, dependientes del Gobierno Regional, emitieron notificación al Ayuntamiento de Hiendelaencina en la que insistían en la potabilidad del agua. Pero se hacía una salvedad a esta afirmación, al señalarse que aún se mantenía la contaminación en aquella zona del pueblo más cercana al vertido, recomendando sustituir la red en dichas calles.
Y, a pesar de que la situación no estaba solucionada al 100%, el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, se acercó hasta la localidad para demostrar la calidad del líquido elemento. Para ello se dirigió a la fuente del pueblo para beber, vaso en mano, del caño que caía. Sin embargo, su visita no fue avisada ni a los vecinos ni a la propia corporación municipal, lo que generó irascibilidades en el pueblo. “Tuvimos que recomendar calma a algunos vecinos, que tomaron la visita como una provocación”, aseguraban desde el Consistorio. “En ningún momento la comitiva se dirigió al Ayuntamiento ni para presentarse”, corroboraron varios munícipes de la población. De hecho, además de los cargos del PP, sólo acompañaron al consejero los medios de comunicación previamente convocados por la Junta de Comunidades.
Y comenzó la batalla política
La llegada de Echániz puso en evidencia la inconformidad de unos ciudadanos cansados del tratamiento que habían tenido por parte de algunas administraciones públicas. Un hastío que se vio acompañado por el enfrentamiento entre PP y PSOE, el cual comenzó el 18 de octubre con la llegada del líder socialista regional, Emiliano García–Page, al municipio, con el fin de mostrar su apoyo a los vecinos. Tras esta visita, los populares acusaron a Page de querer obtener rédito político de la contaminación, mientras que el principal partido de la oposición ponía el énfasis en la empresa causante del vertido, propiedad del diputado conservador Alberto Domínguez. “¿Por qué está mareando el Gobierno de Cospedal a los vecinos de Hiendelaencina y a su alcalde, retrasando una y otra vez la solución a la contaminación del agua? ¿Es para proteger a su alto cargo provincial del PP? ¿Es para intentar machacar al alcalde socialista de Hiendelaencina? ¿O es para ambas cosas a la vez?”, se preguntaba el 31 de octubre el procurador del PSOE por Guadalajara, Luis Santiago Tierraseca.
Pero la polémica se vio incrementada cuando el 12 de noviembre la televisión de Castilla La Mancha, dirigida por Nacho Villa, emitió un reportaje sobre la contaminación de las redes del municipio. Se trató de un trabajo en el cual, según los vecinos y el regidor del pueblo, se tergiversaron las declaraciones que habían realizado. Por ello, el alcalde de la población, Mariano Escribano, presentó a mediados de noviembre acciones judiciales contra el ente público autonómico, con el fin de que se rectificasen las informaciones lanzadas en el mencionado reportaje. Un deseo que, finalmente, se vio cumplido por el juzgado de Sigüenza en el que se presentó la denuncia. De hecho, en la tercera semana de diciembre el juez seguntino daba a conocer a las partes la resolución del conflicto jurídico, favorable al responsable municipal de Hiendelaencina.
Sin embargo, no ha sido el único apoyo que ha recibido Escribano ante los ataques que estaba sufriendo por parte de la Junta y la Diputación. Cerca de 200 personas se manifestaron en la localidad el sábado 23 de noviembre para mostrarle su afecto. “Se leyeron tres comunicados: el de la asociación Loin de la Encina, el de la asociación de Mujeres Mineras y el de la Plataforma Sierra Norte. Los tres fueron muy aplaudidos”, confirmaron los asistentes. “Los mensajes que hubo en la concentración fueron de ánimo y reconocimiento a la labor dura e ingrata que está llevando a cabo Mariano”, confirmaron.
Una ayuda que también se pudo observar a mediados de diciembre cuando el responsable municipal convocó a los ciudadanos de la localidad a realizar trabajos comunitarios para limpiar las tuberías en las que, según la Junta de Comunidades, todavía prevalecía el vertido. “Han colaborado unos 30 vecinos, distribuidos en varios equipos para atender los manantiales, el depósito, las tomas de riego de evacuación…”, explicaba el concejal del Ayuntamiento de Hiendelaencina, Luis Torrejón. “El vaciar la red de abastecimiento y aprovechar para limpiar el depósito, ha dado buen resultado ya que, al restablecer el servicio con bastante presión, podemos pensar que se hayan liberado posibles bolsas que, de otro modo, habrían quedado estancadas y esto nos permite estar más confiados en la calidad de agua”, confirmaba con satisfacción el edil.
Pero, a pesar de todo, los habitantes del pueblo han vivido “con bastante desánimo” todo el proceso. “Estamos muy disgustados” confirmaba Joaquín Latova, uno de los afectados por el vertido, quien, al mismo tiempo, denunciaba la mala actuación que han tenido las administraciones provincial y regional durante este problema. Además, Latova regenta unos apartamentos rurales en el municipio, complejo que ha tenido que cerrar ante la nula salubridad que ofrece el agua que llega hasta los mismos. De hecho, la mencionada infraestructura se halla ubicada en la parte baja del pueblo, la zona en la que todavía persiste la contaminación, por lo que no sabe cuando podrá reabrir su negocio.
Pero parece que, al fin, se están dando pasos por el buen camino. Ahora ha sido la Diputación Provincial la que finalmente se ha decidido a ayudar a un pueblo que, durante más de dos meses y medio, ha estado sin agua, y en el que fueron sus vecinos, junto con su alcalde, los que tomaron la iniciativa para solucionar el vertido. Todo ello con más fuerza de voluntad que dinero, ante la inactividad de las instituciones con posibilidad financiera y con un Ayuntamiento que, debido a sus escasos recursos, no podía hacer frente a las obras exigidas.
