En tiempos de incertidumbre e inestabilidad como los que vivimos actualmente el oro suele hacer valer su cualidad como refugio para el capital. Aunque con fluctuaciones, en el último año se ha llegado a revalorizar hasta en un 60 por ciento alcanzando en ocasiones cotizaciones por encima de los 120.000 euros/kilo y girando hacia sí la atención de los inversores y las empresas relacionadas con la minería extractiva.
De modo que, sin solución de continuidad, nubarrones de amenaza sobrevuelan nuevamente nuestra comarca serrana. Por si no lleváramos ya incontables “peinados”, “rastreos” y “repasos” al territorio buscando la veta del “pelotazo” en clave mineral (oro, hierro, petróleo, uranio, wolframio, plata, andesitas, cuarcitas...) a través de los siglos, una empresa de probable bandera australo-canadiense y capital de origen bastante desconocido pretende aterrizar en nuestros lares para remover tierras en busca del áureo metal... Bueno, esto es lo que dicen; que mucho nos tememos que el espectro de lo buscado sea mucho más amplio.
El pasado 6 de septiembre numerosas personas, habitantes de la Sierra Norte de Guadalajara, nos dimos cita en el Ayuntamiento de Naharros (pedanía de La Miñosa) para informarnos y prevenirnos acerca de la petición de la empresa Oroberia S.L.U. de iniciar prospecciones mineras en un amplio área, que abarca los términos municipales de Sigüenza, La Olmeda de Jadraque, Riofrío del Llano Congostrina, San Andrés del Congosto, Medranda, La Toba, Hiendelaencina, La Bodera, Robledo de Corpes, Pinilla de Jadraque, Atienza, Pálmaces de Jadraque y La Miñosa; lo que afecta a más de una cincuentena de localidades de la serranía contando con las pedanías.
Sabido es que las actividades extractivas de este tipo de industrias -y más si se trata de minas a cielo abierto, como sería la pretensión de este, de momento, proyecto en ciernes- causan estragos en el paisaje, ponen en riesgo la estabilidad de los acuíferos, enrarecen el aire de polvo y partículas en suspensión que pueden ser incluso tóxicas, y perturban con sus trasiegos la cotidianidad y la armonía del territorio. Si se tiene en cuenta, además, que nuestro rumbo como entorno pasa por su preservación y protección como modelo y testigo de equilibrio y calidad medioambiental, intervenciones de este tipo empañarían e hipotecarían esta perspectiva de futuro que goza de un amplio consenso entre nuestras instituciones y nuestros ciudadanos.
Oroberia S.L.U, la empresa solicitante creada en marzo de este año, declara oficialmente un capital social de 3.000 €, el mismo que otro puñado de empresas radicadas en el mismo domicilio social de Salamanca. Todo indica que se trata de despachos ad oc que procuran o ayudan el aterrizaje de naves de mayor calado; en este caso se trata de la denominada Spanish Mining Ventures PTY Ltd que, según la información a la que hemos podido acceder, no corresponde a una empresa específica sino que se refiere a entidades intermediarias involucradas en la minería dentro de España. Algunos ejemplos serían la extinta empresa española Mining Ventures Spain SL dedicada a la extración de hierro, o el proyecto aurífero australiano Spanish Mountain Gold Ltd, propiedad de una empresa canadiense, ubicado en el Corredor de Oro Cariboo, en la Columbia Británica (Canadá), y que nada tiene que ver con el territorio español. El nombre también podría referirse a una persona con cargos ejecutivos en varias empresas españolas.
Según informa Sandra Tobar en su artículo: “Tras Oroberia, la misteriosa empresa que busca oro en pueblos de Guadalajara y se ha topado con el rechazo social” ( El Español, 19 de octubre de 2025), “detrás de Oroberia está la empresa australiana Spanish Mining Ventures, que también es matriz de otras filiales en España como Fomento Minero del Cobre o Iberian Phosphates, según el Registro Mercantil”. Oroberia sería algo así como la punta del iceberg de algún consorcio de inversores o fondos de inversión de capital anónimo que tan al uso están en estos tiempos.
“Casualmente”, añade Sandra Tobar, “Spanish Mining Ventures también se creó -como Oroberia- en marzo de 2025, tal y como consta en los registros de empresas de Australia. Estos registros no permiten ir más allá y conocer exactamente quién está detrás. Parte de estos inversores están relacionados entre sí a través de otras multinacionales australianas como Osmond Resources o Highfield Resources. Ambas compañías se dedican a proyectos de minerales críticos o mineros en España y cotizan en la Bolsa de Valores de Australia (ASX)”.
Su solicitud contempla tres proyectos denominados Gua, Dala y Jara, una ingeniosa manera de tratar de burlar parte de los requisitos medioambientales que exigiría la actuación en un solo proyecto cuyo nombre sería, intuimos, Guadalajara. Este enfoque coordinado multiplica los efectos territoriales y acumulativos y sugiere una estrategia territorial de mayor escala que la evaluada individualmente. El objetivo es la búsqueda de yacimientos de oro en una extensión conjunta que suma casi 15.000 hectáreas. Se pretende realizar una serie de sondeos sobre 485 cuadrículas mineras (de acuerdo con la definición y los derechos que establece el Servicio Estatal de Minas) en una primera fase; y, en caso de resultados positivos, se volvería a perforar en una segunda a una profundidad entre 300 y 400 metros. También se solicita realizar trabajos de geoquímica, geofísica de superficie, calicatas y recolección de muestras de mineralización en las escombreras de las antiguas minas. Los trabajos prevén tres años de investigación con un presupuesto estimado de 1.209.510,19 euros.
Los promotores se justifican o se apoyan en un plan estratégico de la Unión Europea encaminado a poner en el mercado interior materias primas minerales extraídas dentro de la propia UE. Pero no se trata, ni de lejos, de un proyecto de “minería sostenible”, como afirma Oroberia, ya que su intención es esquilmar materias primas con técnicas impactantes y contaminantes.
De la superficie probablemente afectada, cerca de la mitad son espacios con algún tipo de protección medioambiental, algunos de la Red Natura 2000 pues atañen a zonas de especial conservación -los antiguos LIC (Lugares de Importancia Comunitaria)-, como son el Valle del Río Cañamares, el Valle y Salinas del Río Salado o las Riberas del Henares.
Por todo ello, los ayuntamientos afectados, asociaciones culturales, de propietarios, de cazadores y vecinales, así como Ecologistas en Acción, WWF, EFA Sierra Norte (Espacio de Formación y Aprendizaje), ÁLULA (Asociación para el Estudio y la Defensa de la Naturaleza y el Anillamiento Científico de Aves), Asociación Naharros y su Serranía -entre otras- así como centenares de personas a título individual han remitido alegaciones pidiendo a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible el rechazo a estas investigaciones mineras. Gua, Dala y Jara van en contra de los esfuerzos encaminados a fomentar el desarrollo de las zonas rurales y el equilibrio demográfico conforme a las directrices sociales y científicas recomendadas por la ONU.
Las alegaciones presentadas inciden en el alto riesgo de contaminación de las captaciones de agua potable y de los acuíferos, en la mala calidad del aire y en las potenciales enfermedades que provocaría esta actividad, en las molestias ocasionadas por el tráfico de vehículos y maquinaria pesada por caminos históricos y en los perjuicios para la agricultura, apicultura, truficultura, ganadería y caza entre otras actividades tradicionales que forman parte de las señas de identidad del territorio.
Algunos proyectos de dinamización social y territorial impulsados por las administraciones locales, provinciales y regionales chocarían con la minería, como son “El País de la Plata” en Hiendelaencina, para lo que se ha creado un museo, un centro de interpretación y en el que se están invirtiendo mas de dos millones de euros a fin de hacer visitable la antigüa mina Santa Catalina; algo que supondría un interesante atractivo de dinamización turística. “El Camino del Cid” con su famosa Afrenta en Robledo de Corpes y el sello turístico “Destino Starlight” se verían también comprometidos. La Sierra de Ayllón y el Parque Natural de la Sierra Norte no se ven afectados directamente pero los promotores han llegado justo hasta sus límites territoriales, de modo que también se verían en riesgo y se impediría la posible conexión y ampliación futura de las zonas a proteger.
La Sierra Norte de Guadalajara cuenta con una gran biodiversidad, de las más altas de la provincia. Numerosas especies, algunas en peligro de extinción como el lobo ibérico o el aguila perdicera, se verían afectadas; y otras muchas en estado vulnerable o de interés especial también lo serían mermando así la riqueza y el equilibrio de nuestros ecosistemas. El permiso de investigación solicitado se solapa además con importantes lugares de interés geológico, arqueológico o paleontológico; y choca también con otras iniciativas de peso en la comarca, como la candidatura de Sigüenza-Atienza y Valle del Salado a formar parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las fracturas y la discontinuidad del paisaje van en contra de la integridad, la autenticidad, la frescura y el equilibrio anhelados por el paisano o el visitante y del sentido común de una comunidad que en su mayoría ha apostado por un futuro y unos valores respetuosos con la Historia, la Cultura, la Naturaleza que nos sustenta, y alejados del “pan para hoy y hambre para mañana”.
Hagamos, por último, una reflexión que parece pertinente: Si el IGME ((Instituto Geológico y Minero de España) considerara la explotación minera de la Sierra Norte de Guadalajara un imperativo estratégico por el bien del país, sus habitantes podríamos contemplarlo como un sacrifício necesario, procuraríamos acomodarnos al mandato de la mejor manera posible, y el Estado se responsabilizaría de minimizar los efectos sobre las personas y el territorio. Los posibles beneficios, tanto estratégicos como económicos, serían para el país, para la comunidad en su conjunto.
En el caso de empresas multinacionales y capital anónimo y foráneo -en su mayor parte de corte especulativo y a mayor gloria de los accionistas- el foco está puesto, en cambio, en la rentabilidad pura y dura, poco importa la prosperidad o el bienestar de la comunidad. Los beneficios se van fuera, a los inversores anónimos, y los despojos del terreno maltrecho se quedan aquí inermes durante décadas. Y eso si no ocurre algún desastre como aquel de Aznalcollar y tantos otros ejemplos que han borrado para siempre la esperanza de prosperar de manera sana y equilibrada a tantas y tantos paisanas y paisanos.
Juan Ramón Vidal
Nota: recomendamos leer: “Tras Oroberia, la misteriosa empresa que busca oro en pueblos de Guadalajara y se ha topado con el rechazo social” (artículo de Sandra Tobar en el periódico El Español, 19 de octubre de 2025).
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