La Plazuela

El problema es suyo

Juan Antonio López García publicó en estas páginas (nº 46, octubre de 2016) el artículo “No sólo un problema semántico” en el que arremete contra todos aquellos que defendemos el matrimonio entre personas del mismo sexo con inusitada vehemencia.

Para ello, usa los tres argumentos clásicos en contra de este tipo de matrimonio, a saber:

• El semántico: sólo se puede usar la palabra matrimonio para la unión entre hombre y mujer. No obstante, Juan Antonio parece olvidar que la RAE y las 22 academias de lengua española, máximas autoridades en materiasemántica en nuestro idioma, ya desde 2012 incluyen la “unión de dos personas del mismo sexo” como una de las acepciones del término.

• El procreativo: sólo un hombre y una mujer pueden procrear. Si bien es un argumento biológicamente incontestable, lo que es discutible es la inexorable relación de la procreación con el matrimonio. ¿Qué hay de esas parejas de hombre y mujer que contraen matrimonio y no pueden o quieren tener hijos? ¿Dejan de ser matrimonios? Yo mismo tuve dos preciosas criaturas sin estar casado, ¿sugiere que no somos una familia?

• El tradicionalista: durante miles de años el matrimonio se ha ceñido a personas de distinto sexo. Pero este argumento es tan endeble que casi ruboriza tener que desmontarlo. Afortunadamente, los humanos hemos ido progresando en el respeto a los demás. Hasta hace poco las personas de raza negra eran consideradas inferiores, la pena de muerte se consideraba un castigo natural a ciertos comportamientos, el desacuerdo con cierta creencia religiosa era suficiente para enviarte a la hoguera… Pero miren, progresamos y hemos creado sociedades más justas en las que la diferencia, mientras no se dañe a nadie, ha dejado de ser delito o causa de exclusión.

Pero no queda ahí la cosa. Juan Antonio arroga la exclusividad de ciertos valores a los defensores del matrimonio tradicional, véase: creer en el amor para toda la vida, deber social y felicidad dual de crear una familia, el respeto a la vida que se deteriora con la edad o la enfermedad… Pues no. Las parejas homosexuales son tan capaces de defender estos valores como las heterosexuales. ¿Con qué derecho niega estas capacidades a las parejas del mismo sexo? ¿En qué estudio se basa? Y sí, incluyo aquí la de crear una familia porque, aunque biológicamente no puedan tener hijos, soy un firme defensor del derecho de adopción por parte de estas parejas.

Los estudios indican que las relaciones heterosexuales y homosexuales no se diferencian en sus dimensiones psicológicas fundamentales; que la orientación sexual de un progenitor no tiene relación con su habilidad para proporcionar un entorno familiar sano y cultivado. No lo digo yo, lo dice Gregory M. Herek, del Departamento de Psicología de la Universidad de California. O Judith Stacey, catedrática de la Universidad de Nueva York, quien no duda en señalar que: “en escasas ocasiones existe un consenso tan amplio en cualquier área de las ciencias sociales como en el caso de las familias con progenitores homosexuales, por lo que la American Academy of Pediatrics y todas las grandes organizaciones profesionales con experiencia en el bienestar de los menores han emitido informes y resoluciones apoyando sus derechos como progenitores”.

Y es que se trata de eso, de una total igualdad de derechos, independientemente de la orientación sexual de cada uno. Hasta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos considera que el matrimonio es un derecho que asiste a todas las personas con independencia de su orientación sexual. ¿Por qué cercenar este derecho?

Como dice el filósofo Javier Ugarte, la única tradición que sostiene actualmente la discriminación es la religiosa, ya que todas las ideologías políticas parten del principio de igualdad ante la ley. Pero aquí no estamos hablando de Derecho Canónico, sino de Derecho Civil, y nadie debería ser capaz de privar el acceso a unos derechos legítimos (aquellos que proporciona el estar casado) por lo que cada uno haga en la privacidad de su alcoba.

Diputaciones, Senado y Autonomías ¿son necesarios?

Llevo colaborando con la Fundación Siglo Futuro desde febrero del año 2003, cuando todavía se llamaba este foro cultural y de debate “Club Siglo Futuro”.

También soy patrono de la Fundación Siglo Futuro, desde que se constituyera como tal unos años después y guardo con especial cariño el premio que me concedieron en el año 2002 – una escultura de El Doncel – por “colaborar en la promoción de Guadalajara”.

La primera mesa redonda en la que intervine la titulamos “El periodismo en tiempos de guerra”, con la participación del entonces director de “Informe Semanal”, Baltasar Magro, y del periodista Fermín Bocos, que en aquel tiempo era colaborador de Onda Cero y de CNN+. Se llenó el salón de actos del Casino Principal y hubo un acalorado debate.

En el coloquio posterior intervino el padre del actual portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, defendiendo con vehemencia la política intervencionista de Estados Unidos (de tal palo…). Estaba todavía reciente la invasión de Afganistán y se preparaban ya los primeros bombardeos contra Irak. Juan Garrido, fundador y alma de la Fundación Siglo Futuro, me demostró a partir de ese momento que todas las opiniones son respetables y que sin esa libertad de expresión difícilmente podríamos estar celebrando ahora los 25 años de esta ejemplar institución cultural.

Sirva este preámbulo de reflexión a la mesa redonda que tuvo lugar el 27 de octubre pasado – esta vez en la Sala Tragaluz del Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo – sobre una cuestión de actualidad, que preocupa a los ciudadanos españoles, pero no tanto a nuestros políticos: “¿Son necesarios el Senado, las Comunidades Autónomas y las Diputaciones?”. El debate en esta ocasión lo moderaba el director de la UNED de Guadalajara, Jesús de Andrés, y en la mesa estábamos sentados Carmelo Encinas – colaborador en distintas tertulias de radio y televisión–, Raúl Conde, paisano y periodista de “El Mundo”, y quien suscribe.

No era fácil dar una respuesta a cuestión tan compleja y delicada, ni tampoco proponer alternativas, que en muchos casos tendrían que venir  precedidas de una reforma constitucional. Sin embargo, los distintos puntos de vista terminaron encontrándose en la siguiente coincidencia: Diputaciones, Senado y Comunidades Autónomas pueden ser prescindibles. Y sólo se justifican mejorando su funcionalidad, prestando los servicios que demanda el ciudadano. Su existencia sólo se justifica, en mi opinión, cuando realmente cumplen una tarea necesaria y positiva para la comunidad.

Entre las críticas que cada uno de nosotros fue apuntando en las dos horas que duró el debate, la peor parte, sin lugar a dudas, se la llevó el Senado. La Cámara Alta, si no se transforma y asume competencias en el ámbito territorial, es un sinsentido. Su inoperancia es de tal magnitud que, casi cuarenta años después de su creación, la mayoría de los españoles no sabe todavía para qué sirve. En el Senado se debaten los presupuestos, se hacen enmiendas a los proyectos de ley, pero finalmente es el Congreso el que se pasa por el arco del triunfo lo que le remite la Cámara Alta.

Podría transformarse en Cámara Territorial, pero no se ponen de acuerdo. Y, mientras tanto, en ella se sientan ahora 266 senadores – 208 elegidos por circunscripciones y 58 por los distintos parlamentos autonómicos –, entre los que figuran viejas glorias de la política autonómica, que han encontrado allí el mejor retiro que podían imaginar. Como dijo Carmelo Encinas, el senado “está obsoleto; o le buscamos al Senado una función o lo cerramos”.

La necesidad de las Diputaciones también fue cuestionada en el debate, pero ninguno nos pronunciamos por la supresión definitiva de las mismas. En cuanto a sus deficiencias, enumeraré las que se pusieron encima de la mesa: el 37% del gasto de las Diputaciones se lo lleva el apartado de personal y gastos generales; sólo se gasta un 16,2% en obras de infraestructuras; en 2015 todas juntas sumaron un presupuesto de 8.000 millones de euros; muchas de ellas han ejercido el papel de agencia de colocación para familiares y amigos, o han albergado auténticos “nidos de corrupción” (Orense o Castellón, por ejemplo).

En cambio, se valoró positivamente – quizás porque algunos lo estamos viviendo más de cerca – el servicio que prestan a los núcleos poblacionales más pequeños. No así por parte de Carmelo Encinas, a quien le parece que esa tarea puede ser perfectamente asumible por los propios servicios de la Comunidad Autónoma correspondiente. Entre la supresión y la reforma, los tres nos pronunciamos por la segunda opción.

Las críticas a las Comunidades Autónomas se centraron principalmente en la ineficacia y en la tendencia a potenciar lo que nos separa, en lugar, de crear servicios públicos comunes. Se criticó la financiación, el endeudamiento, la burocracia, los despilfarros, pero especialmente la falta de racionalidad en asuntos tan delicados como el de la salud. No puede consentirse que un paciente de Guadalajara – y eso lo explicó muy bien una joven de Hiendelaencina – tenga que viajar a un hospital de Ciudad Real o de Albacete. O que se solapen y dupliquen las competencias, por culpa de la proliferación de ventanillas: locales, provinciales, autonómicas y nacionales.  Alguien del público, con bastante sentido común, demandaba una tarjeta sanitaria única, que impida este tipo de situaciones tan lamentables.

“¿Son necesarios el Senado, las Comunidades Autónomas y las Diputaciones?”, como se nos proponía en el debate. La respuesta, en mi caso, es así de clara y sencilla: serán necesarios o prescindibles, en función de la utilidad que tengan.

Porque, en la actual situación económica, no pueden derrocharse  millones de euros en una administración pública ineficaz, que no sirva para nada.

No solo un problema semántico

La persistente insistencia de desnaturalizar y desacralizar términos y definiciones ancestrales, milenarias, se ha convertido en una urticante muestra tanto de la pobreza intelecto-ontológica de lo denominado Occidente (Europa-América) como de su descomposición moral y social; y conlleva un deterioro semántico que vulgarizará y empobrecerá la expresión escrita (lo que aún seguimos llamando Literatura) y, consecuentemente, la oratoria. Los ejemplos del deterioro de la comunicación oral en las generaciones jóvenes –donde padres, hermanos, amigos, primos, vecinos y profesores hemos pasado a ser tíos o tías– es desolador. Por supuesto este problema es tan leve como el de un dulce al que se ha olvidado de ponerle el azúcar si lo comparamos con la Ley del aborto libre, por ejemplo. Pero volveré a ceñirme al problema semántico relacionado con el vocablo matrimonio, que era mi inicial y única intención.

Para la mente cristiana, la expresión matrimonio natural, o sacramental, se entiendo como el único que define la unión de una mujer y un hombre. Este razonamiento basado en principios sociales, biológicos, ontológicos y antropológicos, hoy es no sólo debatible, sino considerado, por facciones político-sociales, como retrógrado, discriminante y, con el adjetivo más moderado, conservador. Dicho esto ya se podía guardar silencio. Pero hacerlo sería la decisión de un carácter indeciso, veladamente cobarde, o excesivamente vago.

La degradación moral de Occidente ha llegado al nivel de denominar progresistas a los grupos sociales, partidos políticos e individuos que apoyan el matrimonio homosexual, el aborto libre, la adopción de un niño por una pareja homosexual, el divorcio exprés y la eutanasia. Parece ser, según la experiencia, que la persona progresista suele apoyar estas tendencias en bloque.

Provoca una cósmica tristeza pensar que las personas que creemos en el amor para toda la vida, en el deber social y felicidad dual de crear una familia, en el respecto a la vida que ha florecido en el vientre femenino y a la que se ha deteriorado con la edad o la enfermedad, en la magnificación o santificación del Eros con el ingrediente espiritual, somos los antisociales, los intransigentes y los desfasados.

Lanzaré un rayo de luz para que algunas mentes que puedan equivocarse referente a lo del matrimonio homosexual. Defiendo la unión de una pareja homosexual hasta que la muerte los separe, o hasta que ellos se separen. Pero la continuación de la vida sólo puede realizarse con la unión entre lo masculino y femenino. Es de derecho, siento, que, ante esta vital diferencia, a la unión homosexual se le denomine con otro término, verbigracia: enlace, alianza, consorcio… (¡términos tiene nuestra hermosa lengua!) y el de matrimonio se mantuviera para la unión heterosexual; lo cual sería semántica y socialmente correcto.

Otra atrocidad de este batiburrillo idiomático –que abarca lo semántico, lo social, lo poético y lo cósmico- es la intención de sustituir los términos padre y madre por progenitor A y progenitor B.

“¡Voto a…!”, gritaría el héroe cervantino. Y se lanzaría sobre Rocinante por avenidas, parques y litorales en busca de los enemigos de la belleza y la ternura; asaltaría parlamentos, ministerios y concejalías en busca de malvados Alifanfarones; y con su Ardiente Espada apuntando al pecho del malandrín, le amenazaría: “¡Retráctate y enmienda esa irreverente ofensa contra la lengua de los caballeros andantes y los trovadores, cautiva criatura, o te traspaso, para honor tuyo, con la espada más famosa que empuñara mano artúrica! ¿Me imaginas presentando Dulcinea a mis padres, en semejante guisa: “Te presento a mis progenitores A y B?”. “¡Malandrín! ¡Arrepiéntete y corrige de inmediato, o desenvaina! ¡Te reto a mortal combate!”.

Juan Antonio López García
Poeta, actor y Educador Social, jubilado, de la Región de Murcia