El pasado 5 de octubre tuvo lugar en Anguita una asamblea para debatir y afrontar la propuesta de instalar una megacentral de energía solar fotovoltáica que ocuparía casi en su totalidad la vega que une dicha localidad con Aguilar de Anguita. Otra similar se instalaría en Alcolea del Pinar. Ocuparían seiscientas hectáreas cada una; lo que cambiaría por completo el paisaje y los usos de estas tierras por un largo período de al menos sesenta años. Y quien sabe si para siempre...
La asamblea de Anguita
El aprovechamiento de la energía solar es, sin duda, una excelente alternativa a los combustibles fósiles; como también lo son la energía del viento, la de las mareas y olas marinas, la de los cauces fluviales, el calor del subsuelo o la biomasa forestal y agrícola... Pero dejan de serlo cuando se manejan con fines puramente especulativos, que a pocos benefician y pueden poner en riesgo el futuro de un lugar o de una determinada zona. Tal es el caso de los desmesurados parques eólicos que podrían asfixiar Sigüenza y sus alrededores con un centenar y medio de aerogeneradores de sesenta pisos de altura; o de sendos macroproyectos fotovoltaicos destinados a tapizar, cristalinamente hablando, en torno a 1.200 hectáreas de las vegas de Alcolea, Anguita y Aguilar de Anguita. No son las únicas, las zonas de Torija, Cifuentes, Budía, Galápagos, Chiloeches, Trillo o Caspueñas han recibido también la visita de intermediarios que tantean la cesión de terrenos para tal fin durante al menos 60 años a cambio de entre 1.000 y 1.200 euros por hectárea y año con cinco años de carencia y una cláusula que permitiría variar, probablemente a la baja, la remuneración en caso de cambios en el mercado o de tipo legislativo.
Estas operaciones de corte financiero apenas tienen interés desde el punto de vista local. No están diseñadas para estimular la maltrecha economía de las poblaciones rurales sino más bien lo contrario: ocupan grandes extensiones de terreno —que es nuestro territorio y la base de nuestro futuro— inutilizándolo para otros usos y oportunidades probablemente más acordes con la idiosincrasia local y potencialmente más enriquecedoras. Si que tienen un impacto inmediato sobre el bolsillo de los propietarios de los terrenos y las arcas de los ayuntamientos pero el futuro a medio y largo plazo queda muy en entredicho. Por lo general, se trata de “pan para hoy y hambre para mañana”.
El proceso es el siguiente: el gobierno de turno saca a subasta un número determinado de megavatios a los que optan las empresas, el capital privado. No hay una planificación en cuanto al desarrollo de posibles infraestructuras en el ámbito local ni relacionada con la ordenación territorial. Se trata tan solo de verter energía supuestamente limpia a la red eléctrica en cumplimiento de los compromisos de transición energética asumidos por el Estado con la Comisión Europea. Las grandes empresas o holdings financieros —los únicos que pueden hacer frente a los avales que exige la administración pública para este tipo de operaciones— se hacen con las adjudicaciones e inician, a continuación, el camino que les resulte más fácil y más rentable para sus intereses. No hay una motivación socio-económica a escala que vaya a mejorar nuestra situación o nuestras perspectivas como ciudadanos rurales, sólo pura especulación, puro negocio.
Capital Energy es una de esas empresas, integrada en un entramado empresarial que gira en torno a la figura principal de Florentino Pérez. Su administrador único es Jesús Martín Buezas, yerno del presidente de ACS; y es también administrador de Green Capital Power, la empresa promotora de los megaparques eólicos en torno a Sigüenza. A esta clase de inversores les da igual si sus acciones conducen a esto o lo otro en cuanto a la cohesión social, la economía local o a la vertebración del territorio. Acuden allí donde hay negocio, recogen sus beneficios y punto. Y lo hacen así porque los gobiernos se lo permiten.
Muchos expertos consideran que ese es un camino equivocado, convencidos de que la instalación de estas enormes centrales son una inversión innecesaria y un despilfarro de dinero público, además de un planteamiento tecnológicamente inadecuado. “En un país normal el crecimiento natural del sector de las energías renovables se hubiese canalizado a través del autoconsumo (algo que está sucediendo en toda Europa, en Australia y en otras partes del mundo...)”, señalan a través del blog de instaladores Cero Grados (www.cerogradossur.es). “Las ventajas de esta modalidad son evidentes: supone un ahorro energético para familias y pymes, una mayor competitividad de estas últimas, impulsa la actividad económica para instaladores, fabricantes y distribuidores de componentes, ingenierías, trabajo especializado de alto valor añadido… Realmente supondría la democratización de la energía, la posibilidad de que un simple ciudadano tuviese su propia planta generadora”.
Una política renovable nefasta y al servicio de unos pocos
Pero, tras cinco años de “impuesto al sol” (una situación que no respondía sino al temor de que el crecimiento de las energías renovables supusiera una amenaza para las plantas de generación convencionales y un perjuicio para las cuentas de resultados de sus propietarios, las grandes compañías eléctricas), el gobierno en funciones de Mariano Rajoy, presionado desde Europa por el incumplimiento de los objetivos de generación renovable comprometidos para el 1 de enero de 2020, se vio hace un par de años en la necesidad de tomar medidas al respecto. Frente a toda lógica basada en el sentido común, en vez de favorecer el autoconsumo y eliminar el impuesto al sol se optó por el procedimiento de subastas, cuyo resultado son los proyectos que tratan ahora de ponerse en marcha a toda prisa.
“Este suculento pastel se lo van a repartir entre los cuatro de siempre”, denuncian en el citado blog, “porque hablamos de cientos de millones de euros de financiación y unas condiciones de licitación que sólo quedan al alcance de esos ‘monstruos’. Alguno, por cierto, lleva años denostando y despreciando la tecnología con la que ahora van a generar suculentos beneficios en el corto plazo… Y vuelta al pelotazo”. “Debemos tener claro”, se añade, “que cuando se ejecuten estos proyectos, los materiales vendrán probablemente de China, que no se beneficiarán de ahorros ni familias ni pymes, que el trabajo en obra será poco especializado y precario, que los fondos que los financien tendrán posiblemente origen extranjero, que no cobrarán 1.000 € ni los ingenieros… Para hacernos una idea, cada 1.000 MW que se adjudican entre 4 o 5 grandes proyectos equivaldrían a unas 50.000 instalaciones de 20 kW para pymes o unas 400.000 instalaciones de 2.5 kW para consumo doméstico, unas 400.000 casas con placas solares. Sobran las palabras cuando se decide beneficiar a 4 o 5 empresas en vez de a 400.000 familias. Suena a rancio el discurso del poder de las eléctricas, del oligopolio, de cómo manejan a su antojo a los políticos, de cómo toda nueva normativa es supervisada o incluso redactada por sus servicios jurídicos... Esta es una política renovable nefasta y al servicio de unos pocos”.
Esta forma de proceder, cuanto menos poco democrática si no fraudulenta, afecta también al bolsillo del contribuyente; no sólo privándole de optar a un posible ahorro en su factura eléctrica mediante el favorecimiento del autoconsumo sino fomentando en cambio la construcción de grandes instalaciones deslocalizadas que, a la postre, resultan menos rentables, energética y económicamente hablando, para el conjunto del país. Si la energía no se consume en el lugar en que se produce hay que transportarla, entrando así en un rosario de pérdidas. La conversión a corriente alterna de la energía que se genera en los paneles fotovoltaicos (que es continua) ya provoca un porcentaje de pérdidas. A ello hay que sumar las inducidas por los transformadores de potencia encargados de elevar la tensión para su transporte; que a su vez comporta nuevas pérdidas. Por último, a la llegada a los centros urbanos, se siguen sumando déficits al paso por las estaciones transformadoras que se encargan de adecuar la tensión para ser distribuida a los domicilios. En contraste con esta realidad, las pequeñas plantas de energía solar, próximas a sus usuarios, apenas sufren pérdidas de energía desde su generación hasta su consumo final.
Pantalla solar en una autovía.
Según un artículo publicado en la revista tecnológica on-line NeoTeo.com “el costo en insumos por vatio de la energía fotovoltaica es el mismo para una planta de 10 KW que para una de 150MW. De hecho, el costo de la tierra y otros gastos indirectos hacen cada vez más caras a las grandes plantas solares. De modo que no hay ventajas significativas de escala que justifiquen ir hacia instalaciones fotovoltaicas cada día más grandes. En realidad, todas las plantas de varios MW son básicamente grupos de varias plantas de 500KW, debido a que la capacidad de los inversores utilizados en energía solar (dispositivos que convierten la corriente continua en corriente alterna lista para ser transportada) se limitan a potencias de alrededor de 500 KW y no más”.
Entonces, ¿por qué en lugar de construir plantas gigantescas a kilómetros de distancia de los lugares donde se va a consumir la energía, no construimos un centenar de plantas de 500kW en lugares más cercanos a los centros urbanos? La tierra siempre se podría utilizar de manera más rentable en lugar de cubrirla con paneles solares.
Las grandes plantas solares crean problemas ambientales, alteran los micro-climas generados y mantenidos durante miles de años por la naturaleza. “Los gobiernos deberían alentar y fomentar la construcción en masa de pequeñas plantas de energía solar con potencias cercanas (o menores) a los 500 KW (lo que consume una familia occidental promedio durante un mes) mediante la instalación de módulos solares distribuidos en las terrazas, tejados sin usar o espacios verdes deshabitados o disponibles dentro de una localidad, un barrio o un sector de la ciudad”, proponen desde NeoTeo. “Este tipo de plantas podrían inyectar su salida trifásica de 380V directamente en los extremos locales de la red, en una subestación de distribución. La inyección de energía solar de alta calidad aprovechada de esta manera mejoraría la calidad de la energía local durante el día e inclusive ayudaría a otros pequeños centros aledaños (de alto consumo) al compartir con ellos excedentes energéticos. La pérdida de energía durante el día es el problema habitual que afrontan los agricultores y los consumidores industriales. De hecho, es durante el día en que los transformadores de las subestaciones tienden a fallar debido a sobre-temperaturas. La inyección de energía solar haría que estos transformadores puedan funcionar con mayor alivio, sin calentarse, extendiendo así su vida útil”.
Si de verdad queremos revertir la tendencia hacia la despoblación rural; si de verdad pretendemos un desarrollo equilibrado y sostenible, no debemos permitir que nos secuestren las tierras. Dejemos de propiciar la concentración de medios y de poder de decisión en la gran industria, dominada por los intereses financieros. Reactivemos el sector primario, la actividad agropecuaria, la economía de raíz, criemos buen ganado, cultivemos nuestras tierras con detalle y mimo (que la calidad vende) y rechacemos estos megaproyectos industriales que no vienen sino a engrosar los bolsillos de los florentinos de turno y a precarizar la vida de la gente activa y honestamente emprendedora... O hagamos como en otros países de nuestro entorno, Alemania por ejemplo, donde en marzo de 2013 se puso en marcha una de la centrales fotovoltáicas más grandes del mundo, con una potencia instalada de 145 MW sobre una superficie de 35 ha. pero ubicada en un antiguo aeropuerto militar, el de Oderbruchstraße, cerca de la ciudad de Neuhardenberg (no sobre 600 ha de una vega fértil); algo que no es fortuito, pues la zona es abastecida también por energía eólica y se ha convertido en uno de los centros de sustentabilidad energética de Alemania.
Juan de Ures
