La directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Monserrat Muro, ha avanzado que trabajan en una encomienda de gestión para que Desarrollo Sostenible asuma algunas de las competencias de CHT
El grupo de municipios afectados por la gestión de la Confederación Hidrográfica del Tajo,(CHT) ha mantenido una reunión de trabajo con la directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Monserrat Muro y con el delegado de Desarrollo Sostenible, Rubén García, para avanzar en la búsqueda de soluciones a los múltiples problemas que tienen los ayuntamientos con el organismo de Cuenca.
En la reunión el alcalde de Jirueque, Juan Antonio Sanz, ha manifestado que meses des pues de los encuentros con la subdelegada del Gobierno y con la consejera de Desarrollo Sostenible, “en este momento estamos en un punto muerto que no conduce a nada” y ha planteado la necesidad de ir de la mano con la Junta de Comunidades y directamente apuntar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “haciendo un sorpaso a la Confederación”.
“debemos conseguir quitar competencias de la gestión del agua a la CHT, y pasarlas a la Junta de Comunidades, porque es una Administración mucho más cercana a los municipios; aunque sea un 1%, ha planteado, y poco a poco ir a la desvinculación total”, dada la situación de colapso con este organismo.
La directora del Agua ha transmitido el compromiso del presidente regional, Emiliano García Page, en trabajar en esta dirección, como ya se ha hecho en otras cuencas hidrográficas. En este sentido Montse Muro ha explicado que su departamento está elaborando una encomienda de gestión para asumir competencias de la Confederación y dar agilidad y solución a algunos de estos problemas que tienen los ayuntamientos pequeños; ya que no puede ser que ciertos trámites, como un sondeo, permanezcan años sin gestionar o sin responder.
En los últimos meses los 127 ayuntamientos de la provincia que conforman este grupo han estado recopilando información sobre los expedientes que tienen con CHT, que han enviado a la Delegación de Desarrollo Sostenible. Una vez analizada esta documentación se constata que los problemas más comunes son: autorizaciones, captaciones, problemas de sanciones por vertidos, problemas por inundaciones y limpieza de cauces.
El siguiente paso es precisar todavía más esa información para poder dirimir los distintos casos y sus posibles soluciones. En paralelo, los representantes municipales presentes han pedido una reunión con el presidente regional para explicar su situación; la mayoría somos pueblos muy pequeños que “no tenemos estructura ni para hacer un informe”, señalan. Y han demandado también un interlocutor; es decir tener opción a una interlocución directa con algún técnico de la Confederación para poder tratar cualquier situación problemática relativa a los cauces.
APAG participa y apoya esta reivindicación
En la reunión ha participado el presidente de APAG, Juan José Laso, organización que lleva años denunciando el estado en que se encuentran los cauces en la provincia, cuya limpieza, en la mayoría de los casos, es competencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y en una pequeña parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Hay muchos cauces que no se han limpiado en años y especialmente fuera del casco urbano, y están completamente taponados por troncos y maleza, los cuales forman auténticas presas que cuando revientan, anegan todo a su paso. En cuanto sube un poco el nivel de los ríos, arroyos o regueros, ésos se meten en las parcelas inundando muchas tierras de cultivo. APAG va a aportar también sus últimos informes en este sentido, ya enviados a Confederación.
Esta situación es recurrente y el problema “no es que venga una DANA”, sino el abandono y la desidia de las confederaciones hidrográficas, en especial la del Tajo, que no dejan limpiar y tampoco actúan ellos, como sería su obligación.
Críticas por falta de solución al problema de los vertidos
El presidente de APAG ha elevado el tono de las críticas contra la política sancionadora de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) al considerar que las multas por vertidos de aguas residuales que reciben numerosos pequeños municipios se han convertido en un auténtico «impuesto revolucionario».
Muchos de los municipios afectados cuentan con poblaciones muy reducidas y no disponen de capacidad económica para construir ni mantener estaciones depuradoras. Sin embargo, continúan recibiendo sanciones de forma periódica por los vertidos de aguas sin tratar.
«Cada año les ponen una multa por no depurar, pero el problema sigue exactamente igual», señaló Laso, quien considera que la situación resulta contradictoria desde el punto de vista ambiental. «Si un ayuntamiento paga la sanción y sigue sin tener medios para depurar, la contaminación continúa. Por eso digo que es un impuesto revolucionario», afirmó.
Laso defiende que las administraciones deberían priorizar la financiación de infraestructuras y soluciones técnicas antes que la imposición de sanciones, dado que ni los pequeños ayuntamientos ni sus vecinos pueden asumir inversiones de gran envergadura para resolver un problema que afecta especialmente al medio rural.
Insiste en que la protección de las masas de agua exige actuaciones eficaces y no únicamente medidas coercitivas. «Lo que hay que hacer es solucionar el problema. Y el problema no se soluciona con multas», subrayó.
Junto a la cuestión de las sanciones, APAG mantiene también sus críticas por la falta de limpieza de numerosos cauces de la provincia, una situación que, según la organización agraria, contribuye a aumentar el riesgo de inundaciones y los daños en explotaciones agrícolas cada vez que se producen episodios de lluvias intensas.
