Esta contaminación se debe a la actividad agraria y ganadera intensiva. En base a los recientes datos del Ministerio de Sanidad sobre presencia de nitratos en agua de consumo humano, en 2023, fueron 257 los municipios españoles responsables del suministro de agua potable que detectaron valores de nitratos por encima de los 50 mg/l permitidos por la normativa en alguna de sus redes de distribución.
El caso de contaminación más alarmante a nivel nacional, se produjo en el pequeño pueblo de Torrejoncillo del Rey, Cuenca, en donde un litro de agua de consumo humano contenía 493 mg de nitratos, diez veces más que el límite permitido por la ley, lo que la hacía tóxica para su consumo. En este caso además, el ayto. de Torrejoncillo ganó el contencioso contra la Autorización Ambiental Integrada de una macrogranja en Huerta de la Obispalía, responsable de la contaminación de su agua, pero fue la propia Junta de Comunidades la que recurrió esta sentencia en Casación perdiendo dicho recurso.
La contaminación del agua por nitratos tiene su origen en el uso masivo de abonos nitrogenados en la agricultura intensiva, así como en las macrogranjas. Como ambas actividades económicas han crecido en nuestro país, era previsible que también lo hiciera esta contaminación, que daña acuíferos y aguas superficiales, en muchos casos de forma casi irreversible, y supone un grave riesgo para la salud humana como la organización ecologista denunciaba en su informe ‘La contaminación por nitratos y su impacto en el medio ambiente y el agua de consumo humano’.
En nuestra comunidad, coincide la llegada de estos datos con la finalización de una moratoria que ni siquiera ha servido para contener la creciente contaminación y con la publicación de un decreto de purines que va a mantener el “status quo” por diez años más merced a un incomprensible periodo de adaptación de una década en su aplicación. Y también coincide con las declaraciones de cargos de la Consejería de Desarrollo Sostenible y de la misma Consejera, más preocupados por la economía de ciertas empresas que por la gente y sus medios de vida, que debería ser su prioridad. “Nuestros dirigentes están jugando a la ruleta rusa con sus ciudadanos”, afirman desde la organización ecologista.
El acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano, considerado como tal por Naciones Unidas desde 2010, por lo que el hecho de que se esté suministrando agua contaminada no apta para el consumo a más de doscientas veinte mil personas supone un retroceso en la calidad de vida, que está afectando especialmente a municipios de la denominada “España vaciada”.
La organización Ecologistas en Acción reclama que se intensifiquen los controles en el agua de abastecimiento a poblaciones en todos los municipios de la región, con el fin de detectar todos los incumplimientos en materia de nitratos y que se prohíba la instalación de granjas intensivas mediante una moratoria total y efectiva, y se investigue los efectos de las que hay actualmente en funcionamiento.
Asimismo, exige al Gobierno español y a los partidos políticos que modifiquen el Real Decreto 3/2023 de agua de consumo humano, reduciendo el valor límite máximo permitido (50 mg/litro), ya que supone una incongruencia que permitan en el agua de consumo el doble de nitratos (25 mg/l) que se permiten en ecosistemas fluviales, lo que supondría que 144 pueblos de nuestra región (un 15,6%) tienen el agua contaminada. Además estudios recientes concluyen que este valor no es suficiente para proteger a la población, especialmente frente a enfermedades como el cáncer colorrectal, según este estudio el número de pueblos con agua no potable se elevaría a 322, más de una tercera parte de las poblaciones de Castilla-La Mancha.
La organización ecologista ve urgente que se reduzca el uso de abonos nitrogenados y que se frene la expansión de la agricultura y ganadería intensiva que, al ser causantes de esta contaminación, deben pagar los sobrecostes de la potabilización del agua.
